Transición justa y minerales críticos: Declaración oral ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

FIDH

El 24 de septiembre de 2025, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), junto con el Observatorio Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y personas asociadas del pueblo indígena licanantay, presentaron una declaración en el 60.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tras la reciente publicación de un estudio en el que se detallan los patrones de abusos de los derechos humanos y el medio ambiente relacionados con la minería en el "triángulo del litio" de Argentina, Bolivia y Chile, la declaración destacó el efecto de dichos proyectos mineros en los derechos y los medios de vida de los pueblos indígenas. Leer la declaración a continuación.

24 de septiembre de 2025. Consejo de Derechos Humanos de la ONU – 60.º período de sesiones

Mesa redonda sobre los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de una transición justa hacia sistemas energéticos sostenibles, en particular en relación con los minerales críticos

Señor Vicepresidente:

Formulo la presente declaración en nombre de la FIDH, el CELS, el Observatorio Ciudadano y nuestros socios y socias del pueblo indígena licanantay del Salar de Atacama.

Los minerales críticos, como el litio, son esenciales para la transición energética, ya que permiten el funcionamiento de las baterías, la movilidad eléctrica y el almacenamiento necesario para la descarbonización. Sin embargo, la emergencia climática no puede justificar efectos sociales, culturales y ambientales irreversibles.

En los salares andinos, la extracción de salmuera es una forma de minería del agua, un elemento sagrado para los pueblos indígenas locales, pero esta actividad reduce los niveles freáticos, daña los pozos, los humedales y las marismas, degrada los hábitats de la fauna y la flora autóctonas y aumenta los riesgos de salinización y contaminación.

Desde el punto de vista social y cultural, supone una amenaza para la cría de camélidos, la agricultura de altura, los conocimientos ancestrales y la cohesión comunitaria, a la vez que afecta a la salud de las personas debido al polvo y el estrés socioambiental. Desde el punto de vista económico y de gobernanza, los beneficios se concentran fuera del territorio, de forma poco transparente y con una supervisión insuficiente, lo que no hace sino reproducir desigualdades como las que se ven agravadas por la minería de metales.

La transición debe incorporar la justicia ambiental y los derechos humanos, con evaluaciones independientes y participativas, consultas previas libres e informadas, medidas de precaución para proteger el agua y la biodiversidad, una supervisión eficaz y mecanismos claros de reparación para quienes se ven perjudicados/as en nombre de esta transición.

Los Estados deben promover una gobernanza con liderazgo comunitario, así como políticas de economía circular que reduzcan la extracción primaria.
Únicamente si se garantiza la transparencia, rendición de cuentas, planificación conjunta y consentimiento genuino, se logrará una transición justa, que respete la vida, el territorio y la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Gracias.

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