Bruselas, 13 de noviembre de 2025. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) condena enérgicamente la votación del Parlamento Europeo y pide al poder legislativo de la Unión Europea (UE) que revierta esta peligrosa decisión durante las próximas negociaciones tripartitas. Esta votación socava medidas fundamentales de responsabilidad empresarial, por lo que supone un duro golpe para la credibilidad y la ambición de la UE como líder mundial en materia de derechos humanos y sostenibilidad.
Mientras las principales potencias mundiales se encuentran reunidas en Belém en el marco de COP30 con el fin de debatir medidas globales urgentes en materia de cambio climático y trazar el camino hacia una transición justa, el Parlamento Europeo ha optado por apaciguar los intereses empresariales y dar marcha atrás en medidas de protección fundamentales para el medio ambiente y los derechos humanos.
Esta decisión se produce tras meses de presión por parte de los lobbies empresariales y las élites políticas, que han tratado de vaciar de contenido la CSDDD y desmantelar años de avances. A principios de este año, la Comisión Europea presentó el paquete Ómnibus I con el pretexto de una mayor "simplicidad", aunque sin realizar las consultas ni las evaluaciones de impacto adecuadas, siguiendo un procedimiento que ha recibido numerosas críticas y que hay quien no duda en calificar de "inconstitucional".
En su última medida, gracias a una mayoría de derecha que colabora con la ultraderecha, el Parlamento Europeo adoptó una posición que socava activamente el contenido de la Directiva:
– reducie el ámbito de aplicación a las empresas de la UE con más de 5000 personas trabajadoras y una facturación neta global superior a 1500 millones de euros, cuando inicialmente se había fijado en 1000 personas trabajadoras y 450 millones, lo que supone un gran recorte de la ambición de la legislación;
– restringe la definición de "partes interesadas" a un grupo reducido, que excluye las voces más importantes de las comunidades afectadas, los grupos ecologistas y las principales organizaciones de derechos humanos que trabajan para identificar, prevenir y mitigar los daños causados por las empresas;
– elimina todas las obligaciones de adoptar y aplicar planes de transición climática, lo que acaba con la responsabilidad de las empresas por su contribución al colapso climático y a los futuros esfuerzos de sostenibilidad;
– abole el régimen de responsabilidad civil a escala de la UE y el bloqueo de la capacidad de las ONG y los sindicatos para emprender acciones colectivas para reaccionar ante las irregularidades de las empresas.
Además, en el ámbito de aplicación de la Directiva sigue sin figurar el sector financiero, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil para lograr que se vuelva a incorporar.
"Nos encontramos en un momento decisivo: todavía tenemos la oportunidad de construir una Europa basada en una economía que respete los derechos humanos y el planeta. No la desperdicien", subraya Alexis Deswaef, presidente de la FIDH. "Ante la escalada de las amenazas climáticas y el auge de un modelo económico que no ha conseguido garantizar el bienestar y la igualdad de oportunidades para todas las personas, la única vía legítima para avanzar es aquella que otorga prioridad a los derechos humanos y a un crecimiento verdaderamente sostenible e inclusivo. El futuro de Europa, como líder mundial y como baluarte de justicia, depende de las decisiones que se tomen en las próximas semanas."
Esta votación supone un peligroso alejamiento de los compromisos de Europa con los derechos humanos y la sostenibilidad, y amenaza con deshacer años de avances conseguidos con gran esfuerzo. El Parlamento Europeo puso los intereses de las empresas antes de los derechos de las personas y el planeta.
Comienza ahora la negociación tripartita entre las tres instituciones europeas, y se espera que la votación final sobre el paquete Ómnibus I se produzca a finales de 2025.
La FIDH sigue condenando la ilegitimidad de la iniciativa Ómnibus y la grave amenaza que supone para la estabilidad institucional europea. Insta al poder legislativo a velar por que el acuerdo final preserve las disposiciones más ambiciosas de la Directiva y defienda la protección de los derechos humanos, las personas trabajadoras, las comunidades afectadas y el medio ambiente.