Bruselas, 9 de septiembre de 2025. A través de un «paquete Ómnibus», la Unión Europea está llevando a cabo recortes drásticos en las leyes destinadas a proteger los derechos laborales, sociales, humanos y digitales, así como el medio ambiente. Con el pretexto de “simplificar” los requisitos en materia de información y de debida diligencia para las empresas que operan en el mercado europeo, la UE prevé en realidad desmantelar estas normas.
Las organizaciones de la sociedad civil condenan esta ola sin precedentes de desregulación a nivel de la UE, que amenaza los derechos de las comunidades afectadas, sindicatos, trabajadores y consumidores, personas defensoras de los derechos humanos y la sociedad civil.
En lugar de desregular, los legisladores y los Estados miembros de la UE deberían garantizar la protección de estos derechos y del medio ambiente y velar por que las partes interesadas sean consultadas de manera significativa en el proceso legislativo europeo y nacional.
Los firmantes de la carta, incluyendo la FIDH y 21 de sus organizaciones miembros y socios, hacen un llamado a los legisladores europeos y nacionales para que:
– Aprobar leyes para una mayor protección del bienestar social, las personas trabajadoras y consumidoras, la lucha contra la discriminación, la justicia social, climática y medioambiental, la privacidad y la protección de datos, y contra las sustancias químicas tóxicas;
– Exigir mayor transparencia y rendición de cuentas a las empresas, así como acceso a la justicia para las personas perjudicadas;
– Asumir la responsabilidad por el impacto negativo de las actividades de la UE, como la minería, la insuficiencia de objetivos climáticos y las sustancias químicas tóxicas, en otras regiones y comunidades.
– Facilitar la implementación y el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos, la justicia y los intereses públicos. Proporcionando más recursos a las autoridades responsables de su aplicación, así como orientación y apoyo para la implementación de las normas digitales.
– Reforzar la protección de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas.
– Garantizar que la sociedad civil, los sindicatos, las comunidades afectadas y otros actores representativos del interés público sean consultados, incluidos y respetados de forma significativa en la legislación de la UE y nacional.
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