Bruselas, 16 de diciembre de 2025. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) lamenta el importante revés que esta votación final supone para la responsabilidad de las empresas. Con la aprobación del paquete Omnibus I, las instituciones de la Unión Europea (UE) desacreditaron claramente su papel de liderazgo mundial en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente y han socavado años de avances en la lucha contra la impunidad de las empresas.
"Esta votación sienta un grave precedente en la elaboración de políticas de la UE, al mostrar que claramente se otorga prioridad a los intereses empresariales sobre la protección de las personas y el planeta. Eliminar las obligaciones fundamentales de la Directiva supone un lamentable retroceso en el acceso a la justicia para las víctimas de abusos cometidos por empresas en todo el mundo. En estos momentos, en que la UE se inicia un proceso de desregulación con otros paquetes ómnibus en marcha, instamos al poder legislativo a preservar los fundamentos europeos y el liderazgo en materia de derechos humanos", afirmó Gaelle Dusepulchre, subdirectora de la oficina de Empresas, Derechos Humanos y Medio Ambiente de la FIDH.
Este acuerdo final tiene lugar después de varios avisos de la sociedad civil sobre la rapidez sin precedente y la falta de transparencia, inclusividad y evaluaciones de impacto que han caracterizado el proceso. Se trata de un proceso que puso en marcha la Comisión el pasado mes de febrero en un esfuerzo de "simplificación" con el fin de promover la competitividad de la UE. La Defensora del Pueblo de la UE se hizo eco de estas preocupaciones en su investigación del pasado mes de noviembre, en la que calificó la elaboración del Ómnibus por parte de la Comisión como "mala administración".
Una ley vacía de contenido con consecuencias en la vida real
Con la adopción de la Ómnibus I, la UE socava gravemente la CSDDD y recorta las protecciones que tanto ha costado conseguir para las víctimas de los abusos de las empresas, en particular mediante:
– la reducción del número de empresas a quienes se exige el cumplimiento de las obligaciones de la ley y la limitación de la capacidad de los Estados para ir más allá de algunas de las disposiciones de la Directiva al introducir obligaciones a nivel nacional;
– la limitación de los requisitos relativos a la participación significativa de las partes interesadas;
– la supresión de todas las referencias que exigen que los modelos y estrategias de las empresas sean compatibles con la transición hacia una economía sostenible y limitar el calentamiento global a 1,5 °C; este aspecto contrasta fuertemente con las obligaciones de los Estados, en virtud del derecho internacional de adoptar todas las medidas necesarias para proteger el sistema climático y el medio ambiente;
– la eliminación del régimen de responsabilidad civil a escala de la UE, lo que provoca una fragmentación de los sistemas jurídicos en toda la Unión;
– la supresión de la cláusula de evaluación del sector financiero, lo que exime indefinidamente a este sector de la obligación de actuar con la debida diligencia en virtud de la Directiva.
Aunque muy diluida, la Directiva conserva parte de su esencia. Las empresas más grandes tendrán que elaborar una política de diligencia debida e integrarla en sus sistemas de gestión de riesgos, con el objetivo de prevenir y abordar los impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de valor.
El ejercicio sigue un enfoque basado en el riesgo para dar prioridad a los impactos más graves y que más probablemente se produzcan en las operaciones de la empresa, sus filiales y sus socios comerciales. Además, las empresas tendrán que proporcionar una reparación por los daños que causaron.
Próximos pasos
Los Estados miembros de la UE tienen hasta el 26 de julio de 2028 para transponer la CSDDD a su legislación nacional. En esta próxima fase los Estados tienen la oportunidad de abordar algunas de las lagunas en materia de protección. Si emprenden la tarea con ambición y eficacia, se proporcionaría una mayor seguridad jurídica y se exigiría una mayor rendición de cuentas empresas, con un mejor acceso a la justicia para las víctimas.