5 de mayo de 2025. El colapso climático ya está teniendo graves consecuencias negativas para los derechos humanos en todo el mundo. Es necesario llevar a cabo una transición inmediata para abandonar los combustibles fósiles a fin de evitar los peores efectos. Esta transición puede ser asimismo una oportunidad para llevar a cabo transformaciones que permitan conciliar la economía con las obligaciones en materia de derechos humanos y un desarrollo verdaderamente sostenible.
El sistema de las Naciones Unidas presta cada vez más atención a la forma en que los derechos humanos pueden conformar y servir de orientación para una transición justa, así como también al modo en que las políticas de descarbonización, tal como están concebidas actualmente, pueden afectar a los derechos humanos. En abril de 2025, se continuó el trabajo cada vez más amplio de la FIDH sobre este tema con dos nuevas comunicaciones a las relatorías especiales de las Naciones Unidas.
La extracción y transformación de "minerales críticos"
En el marco de un próximo informe dirigido a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el cambio climático solicitó aportaciones sobre los efectos positivos y negativos en los derechos humanos de las diferentes fuentes, escalas y etapas del desarrollo de las energías renovables como parte de una transición justa, incluso en lo que respecta a los "minerales críticos".
La FIDH redactó una comunicación (únicamente en inglés), junto con sus organizaciones miembros - Acción Ecológica (Ecuador), Association marocaine des droits humains (Marruecos), Ligue des droits de l’Homme (Francia), Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme et du citoyen (Guinea) – y su socio TrendAsia.
En esta comunicación se ponen de manifiesto las violaciones y abusos de los derechos humanos derivados de la nueva ola de minería, impulsada por la demanda de minerales que forman parte de las cadenas de suministro de energías renovables o que sirven para la descarbonización de otros sectores económicos. Es necesario evitar reproducir las injusticias del pasado en las actividades presentes y futuras, así como proteger a las comunidades, las personas trabajadoras, los pueblos indígenas y las personas defensoras de los derechos relacionados con el medio ambiente.
Las organizaciones subrayan la necesidad de contar con marcos sólidos de prevención y rendición de cuentas para las empresas, junto con un cambio hacia una "economía de derechos humanos" que sitúe los derechos humanos en el centro de los modelos de actividad económica.
Una transición que apoye a las personas defensoras en vez de amenazarlas
Las personas defensoras de los derechos relacionados con el medio ambiente son fundamentales para defender la salud de nuestro planeta, los derechos de las comunidades afectadas y la búsqueda de soluciones sostenibles. Además, ejercen presión sobre los gobiernos para que respeten sus obligaciones climáticas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y el Acuerdo de París.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos centrará su próximo informe temático en la situación de las personas defensoras que trabajan en el ámbito del cambio climático y la transición justa. En el marco de su Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, una iniciativa conjunta de la FIDH y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la FIDH presentó ejemplos concretos (únicamente en inglés) de las iniciativas y logros de las personas defensoras de los derechos humanos en el trabajo a favor de la transición, así como los avances jurídicos y judiciales positivos para proteger su labor.
Al mismo tiempo, en el informe se presentan casos de represalias y represión a los que se enfrentan personas defensoras –que llevan a cabo tanto actores estatales como no estatales– cuando se oponen a proyectos a gran escala o exigen la eliminación gradual de los combustibles fósiles. El Observatorio hizo un llamamiento a los Estados, las instituciones financieras de desarrollo y las empresas para que garanticen la existencia de un espacio seguro y propicio para las personas defensoras de los derechos relacionados con el medio ambiente, reiterando sus demandas en otra comunicación presentada por el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Cambio Climático.