23 de julio de 2025. "Hoy, la mayor autoridad judicial del mundo ha emitido una aclaración histórica y ha confirmado un hecho incontrovertible: la crisis climática no perdona a ninguna comunidad, lugar o derecho humano en ningún lugar del planeta y los Estados que no tomen medidas deberán afrontar las consecuencias y ofrecer reparación", ha declarado Gaëlle Dusepulchre, directora adjunta del Departamento de Empresas, Derechos Humanos y Medio Ambiente de la FIDH.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) acordó por unanimidad que los Estados tienen la obligación, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y de los tratados sobre el clima, de adoptar todas las medidas necesarias para proteger el sistema climático y otros componentes del medio ambiente. Es fundamental señalar que la producción y el consumo de combustibles fósiles, la concesión de licencias de exploración y la concesión de subvenciones a los combustibles fósiles pueden suponer un incumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el clima.
El órgano judicial confirmó además que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es una condición previa esencial para el disfrute de todos los derechos humanos por las generaciones presentes y futuras. Esta declaración se produce en un momento en que las comunidades más afectadas ya están sufriendo las devastadoras consecuencias del cambio climático antropogénico.
"Esta decisión reafirma que la justicia climática y una transición justa de los combustibles fósiles son inseparables de los derechos humanos. Abre la puerta a que se exijan responsabilidades a los gobiernos por los daños derivados de sus políticas poco ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, inclusive las de los actores privados que se encuentren bajo su jurisdicción", añadió Dusepulchre.
La Corte afirmó que se pueden aplicar numerosos principios de derechos humanos en el contexto del cambio climático, como la responsabilidad común pero diferenciada, el enfoque precautorio, el desarrollo sostenible, la equidad y la equidad intergeneracional. Además, declaró que todos los países tienen el deber de cooperar para prevenir los daños climáticos y deben garantizar que sus objetivos nacionales suponen la máxima ambición posible y limitan el calentamiento global al objetivo de 1,5 grados.
"Gracias a su autoridad y claridad jurídica, esta opinión es una herramienta para que los tribunales, las comunidades, las personas defensoras del medio ambiente y la sociedad civil de todo el mundo exijan a sus gobiernos medidas urgentes capaces de proteger nuestro futuro común", concluyó Dusepulchre.
Esta opinión es el resultado de años de incansable campaña por parte de estudiantes, jóvenes y organizaciones de la sociedad civil de las islas del Pacífico, así como de gobiernos, en particular los de pequeños Estados insulares en desarrollo. Su trabajo llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a solicitar la opinión de la CIJ en 2023. El texto de la CIJ estuvo precedido por una opinión consultiva emitida a principios de este mes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se sostiene que existe el derecho a un clima sano.