París, 18 de junio de 2024. El Tribunal de Apelación de París ha declarado inadmisible la demanda interpuesta en 2021 por la FIDH, el Observatorio Ciudadano, la Red Ambiental de Osorno y la Ligue des droits de l’Homme contra Suez en base a la ley francesa sobre el deber de vigilancia. Esta acción judicial se produjo a raíz de una grave crisis sanitaria que tuvo lugar en la localidad chilena de Osorno en 2019, atribuible a la negligencia de una de las filiales del Grupo Suez. Las asociaciones criticaron a la empresa por no haber tomado las medidas necesarias para prevenir esta crisis y los abusos contra los derechos humanos que se produjeron a continuación.
"Evidentemente, deploramos la inadmisibilidad de nuestro recurso y el hecho de que el caso Suez no pueda ser examinado en cuanto al fondo. Sin embargo, es un gran día para el deber de vigilancia en Francia. Las sentencias en los casos Total/Climate y EDF/México aclaran las condiciones de aplicación de la ley", declaró Maddalena Neglia, Directora de la Sección de Empresas, Derechos Humanos y Medio Ambiente de la FIDH.
En el caso Suez, los jueces no se pronunciaron sobre la cuestión de la notificación formal y consideraron que la entidad a la que se apuntaba dentro del grupo no era la correcta. Sin embargo, señalaron que la propia empresa no había aclarado qué entidad era responsable del deber de vigilancia.
"Estos obstáculos para identificar la entidad correcta a la que requerir se han hecho aún más complejos por las reestructuraciones posteriores de Suez SA, que se convirtió en Vigie Groupe antes de ser adquirida por Veolia. Cabe temer que esta decisión permita a algunos grupos empresariales mantener cierta opacidad en sus estructuras societarias o recurrir a otras vías para eludir sus responsabilidades", declararon Julie Février y Florian Curral-Stephen, abogados de la FIDH.
En julio de 2019, los habitantes de Osorno, en Chile, se vieron privados de agua durante diez días y se declaró una emergencia sanitaria por contaminación de la red de agua potable a raíz de otro incidente operativo en Essal. Esta empresa, controlada por Suez, ya había sido acusada por las autoridades chilenas de una serie de disfunciones y fallos continuos. La FIDH y sus socios en la acción habían llevado a Suez a los tribunales en 2021, tras una notificación formal en 2020 y un diálogo infructuoso en un intento de obtener un nuevo plan de vigilancia y evitar que se repitieran los hechos de Osorno.