Directiva UE sobre la debida diligencia: guía de transposición e implementación nacional para la sociedad civil

21/11/2024
Informe
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La FIDH y otras ocho organizaciones han publicado una guía que ofrece conceptos y recomendaciones para la abogacía nacional en el contexto de la transposición de una directiva europea crucial que exige a las empresas que prevengan y respondan a sus impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente.

21 de noviembre de 2024. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en colaboración con European Campaign for Corporate Justice, Clean Clothes Campaign, European Centre for Constitutional and Human Rights, Frank Bold, Oxfam, CIDSE, Anti-Slavery et Friends of the Earth Europe, ha publicado una Guía de transposición de la Directiva europea sobre la debida diligencia (CSDDD).

Este texto histórico es el resultado de años de intensa campaña por parte de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y comunidades afectadas para obtener una legislación europea que obligue a las grandes empresas a prevenir y remediar los impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de sus cadenas de valor.

La CSDDD fue finalmente adoptada y publicada en el Diario Oficial de la UE en junio de 2024, y los Estados miembros trabajan para incorporar el contenido de la directiva a sus ordenamientos jurídicos nacionales durante los próximos dos años.

En esta fase, los Estados tienen la oportunidad de colmar algunas de las lagunas de protección, alineándose con normas internacionales reconocidas sobre la responsabilidad empresarial y los derechos humanos. Los Estados pueden proporcionar tanto una mayor seguridad jurídica y responsabilidad a las empresas, como el acceso a recursos efectivos para las víctimas.

La guía se ha elaborado para ayudar a las organizaciones de la sociedad civil en sus contextos nacionales a garantizar una transposición ambiciosa y eficaz, esencial para alcanzar los objetivos de la CSDDD. La transposición debe garantizar la inversión de la carga de la prueba que recae sobre las comunidades afectadas y los portadores de derechos frente a los abusos de las empresas.

La Guía ofrece orientación y recomendaciones a los grupos de la sociedad civil sobre las prioridades clave que deben tenerse en cuenta: acceso efectivo a la justicia; participación efectiva, significativa y continua de las partes interesadas; un ámbito de aplicación más amplio; y la ampliación de las obligaciones de diligencia debida a todas las partes pertinentes de la cadena de valor, incluidas las actividades de servicios financieros posteriores.

Leer la Guía (en inglés) aquí.

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