Bruselas, 1 de septiembre de 2025. En la actualidad, el Parlamento Europeo está negociando su posición sobre el denominado "Paquete Ómnibus". Presentado por la Comisión el pasado mes de febrero, este paquete podría conllevar recortes drásticos en la protección humana, social y ambiental al suavizar algunas disposiciones claves de la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD).
Esta Directiva, aprobada en la última legislatura tras años de presión por parte de la sociedad civil, tenía por objeto fomentar un comportamiento responsable de las empresas en sus operaciones y sus cadenas de valor globales.
La FIDH, junto con otras 31 organizaciones de la sociedad civil, instan a los miembros del Parlamento Europeo a mantener una cláusula crucial en el texto final, concretamente la cláusula de revisión 36.1, que obliga a la Comisión Europea a evaluar si, en el futuro, las instituciones financieras deben estar legalmente obligadas a evaluar y mitigar el daño que causen sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
El sector financiero ya estaba cubierto en parte por la Directiva en el momento en el que se aprobó el texto, en 2024, tras maniobras de última hora. La eliminación de esta cláusula significaría eximir indefinidamente al sector financiero de la obligación de actuar con la debida diligencia.
Esto contrarrestaría los esfuerzos por fomentar prácticas responsables de inversión y financiación, además de ser incompatible con las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos, que establecen que todas las empresas son responsables de sus efectos negativos sobre las personas y el planeta.
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