19 de mayo de 2026. La crisis climática no es una simple emergencia ambiental, sino que constituye una crisis de derechos humanos, una crisis de salud, una cuestión de justicia, supervivencia y derecho internacional. En un momento en que el multilateralismo se encuentra sometido a una enorme tensión, la próxima resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) para celebrar la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones legales de los Estados en materia de cambio climático representa una oportunidad decisiva para asumir el liderazgo mundial y la responsabilidad colectiva.
En nuestra calidad de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la justicia climática, la cooperación internacional y el estado de derecho, instamos a todos los Estados miembros a apoyar y votar a favor de la resolución de la AGNU, que aplaude y lleva a la práctica el dictamen de la CIJ sobre el clima.
Hasta la fecha, este dictamen sobre el clima constituye la aclaración más autorizada del derecho internacional en materia de cambio climático. Emitido por unanimidad, después de pedir consenso y de lograr una participación sin precedentes de Estados y de la sociedad civil de todas las regiones, este dictamen confirma que los Estados tienen una serie de obligaciones jurídicamente vinculantes, entre ellas, prevenir los daños climáticos, proteger los derechos humanos, eliminar gradualmente los combustibles fósiles y proporcionar reparación y compensaciones por las pérdidas y daños relacionados con el clima.
La resolución que se presenta en estos momentos ante la Asamblea General refleja estas obligaciones de forma fiel y responsable y propone vías claras para su aplicación. Esta resolución no es producto del trabajo de una sola delegación, sino que se ha desarrollado a través de una serie de amplias consultas y ha ido tomando forma gracias a la participación de más de cien Estados miembros. El borrador final es muy completo y representa fielmente las aportaciones de los Estados miembros. En él se afirma la importancia de llevar a cabo una transición justa, con el abandono de los combustibles fósiles, se reconocen los derechos y la protección jurídica de los Estados amenazados por el aumento del nivel del mar, se subraya la importancia fundamental de la equidad y la justicia intergeneracional y se insta a realizar un seguimiento estructurado con el fin de favorecer su aplicación, entre otros, mediante la presentación de informes por parte del Secretario General de las Naciones Unidas.
Si esta resolución tan importante se adoptase por consenso, se lanzaría un poderoso mensaje global, reafirmando que los Estados continúan comprometidos con la acción climática, el derecho internacional y la cooperación multilateral en un momento en que la humanidad necesita urgentemente estos tres elementos.
Con vistas a la fecha de adopción prevista, el 20 de mayo de 2026, hacemos un llamamiento a todos los Estados miembros para que:
– confirmen y comuniquen públicamente su copatrocinio antes del día previsto para la adopción;
– apoyen la adopción de la resolución por consenso, incluso a través de gestiones diplomáticas;
– voten a favor de la resolución tal y como se presenta, en caso de que se convoque una votación;
– participen de manera constructiva en los procesos de seguimiento para poner en práctica el dictamen consultivo de la CIJ, de conformidad con sus obligaciones legales.
Como sociedad civil, nuestra voluntad es continuar trabajando junto con los Estados miembros y los órganos de las Naciones Unidas para promover la aplicación de este dictamen y reforzar nuestra capacidad colectiva para una mejor respuesta a la cada vez más grave crisis climática. Acogemos con gran satisfacción esta resolución y reafirmamos nuestro compromiso de apoyar su aplicación y la puesta en práctica de el dictamen de modo que se respeten los derechos humanos, se garantice la equidad y se haga justicia con arreglo a las conclusiones de la CIJ.
La crisis climática está causando un daño cada vez mayor que provoca en todos nuestros países un sufrimiento humano inaceptable, con pérdidas y daños inmensos, graves riesgos para la salud, el desplazamiento de población civil, la amenaza a la soberanía y la supervivencia de países enteros y, lo que es más, sus repercusiones son devastadoras para muchas personas, principalmente las que pertenecen a comunidades que menos han contribuido al cambio climático. Para las comunidades situadas en primera línea, los pequeños Estados insulares en desarrollo, la juventud y las generaciones futuras, esta resolución no es un ejercicio político abstracto, sino que se trata de dignidad, existencia y supervivencia.
No es necesario luchar contra la crisis climática en solitario. Podemos alcanzar una verdadera justicia climática mediante una colaboración y cooperación internacional continuadas.