31 de marzo de 2026. Las pruebas son innegables y sólidas: la quema de combustibles fósiles es el principal factor tanto histórico como actual de las emisiones de gases de efecto invernadero.. El impacto de los combustibles fósiles en la crisis climática también compromete gravemente el cumplimiento de los derechos humanos.
La adopción de medidas firmes para su eliminación gradual es una prerrogativa científica, necesaria para cumplir con las obligaciones del derecho internacional. En su dictamen consultivo de 2025 sobre el cambio climático, la Corte Internacional de Justicia determinó que el objetivo de temperatura de 1,5 °C es jurídicamente vinculante en virtud del Acuerdo de París y que todos los Estados deben adoptar medidas de mitigación ambiciosas en consonancia con los mejores conocimientos científicos disponibles.
Este año, 2026, es el momento en el que podrían darse pasos concretos cruciales para avanzar en esa dirección. Colombia y los Países Bajos presidirán la Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles, mientras que la presidencia de la COP30 pretende avanzar en las negociaciones en torno a una hoja de ruta similar en el período previo a la celebración de la COP31.
La eliminación total, rápida y justa de los combustibles fósiles debe integrarse en un proceso de cambio más amplio hacia una economía basada en los derechos humanos, que evite reproducir el extractivismo e incorpore el reconocimiento de los derechos relacionados con la Naturaleza. Todas las decisiones políticas, los marcos normativos y las decisiones presupuestarias deben situar el bienestar y la autodeterminación de las personas y del planeta en el centro de sus políticas.
Por todo ello, en sus aportaciones tanto a la hoja de ruta de Santa Marta como a la de la COP31, la FIDH defiende:
– la participación significativa y efectiva de las personas titulares de derechos y defensoras de los derechos humanos en los planes de acción para esta eliminación gradual;
– una reforma de los acuerdos comerciales y de inversión para que sirvan a los objetivos de derechos humanos y climáticos en lugar de a los intereses corporativos;
– una reforma de la justicia fiscal para remediar las crisis presupuestarias derivadas de esta eliminación gradual y encontrar recursos más numerosos y más importantes para garantizar los derechos humanos.
Una transición justa que abandone los combustibles fósiles debe convertirse en un imperativo de toda la acción climática futura. El tiempo perdido en soluciones falsas pone en peligro los derechos humanos de forma que escapa a todo control, aunque todavía estamos a tiempo de tomar medidas decisivas para superar la extracción tanto de recursos como de dignidad humana.