25 de junio de 2026. Es un hecho conocido desde hace tiempo y respaldado científicamente que la dependencia de los combustibles fósiles y su utilización constituyen el principal factor de las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto históricamente como en la actualidad. El papel que desempeñan los combustibles fósiles en la crisis climática también afecta gravemente al cumplimiento de los derechos humanos, tal como nos recuerda dolorosamente la ola de calor sin precedentes que ha azotado Europa esta semana.
La eliminación gradual de los combustibles fósiles es una exigencia tanto científica como jurídica, como declaró la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva sobre el cambio climático. Las figuras líderes mundiales deben anteponer las personas a los beneficios del extractivismo y poner fin a la era de los combustibles fósiles, al tiempo que velan por que esta transición repercuta en beneficio de las comunidades, promueva todos los derechos y repare el daño causado por los siglos de dependencia de estas fuentes de energía.
En abril, Colombia y los Países Bajos organizaron la I Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles fósiles. Se celebró en Santa Marta como reacción al estancamiento relativo a las medidas de eliminación gradual en las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas (ONU), y reunió a 57 Estados y a más de 1.000 partes interesadas.
Este evento generó nuevas esperanzas, ya que se debatieron abiertamente tanto las dificultades como las vías concretas para que esta "coalición de los dispuestos y las dispuestas" avance en la aplicación de esta eliminación progresiva en toda la economía. La FIDH contribuyó al proceso de Santa Marta, al que aportó varias comunicaciones escritas, y participó en diversas sesiones de diálogo en línea para aportar ideas que los gobiernos pudieran considerar.
El 23 de junio, durante la Semana de Acción Climática de Londres, Colombia y los Países Bajos hicieron público el informe final de la conferencia. Se retuvieron todas las recomendaciones de la FIDH como vías concretas para que los Estados dispuestos instauren planes de eliminación gradual que promuevan al mismo tiempo los derechos humanos, protejan a las personas defensoras que reclaman medidas ambiciosas y corrijan las desigualdades sistémicas.
En este informe se destacan muchos de los puntos planteados por la FIDH, entre ellos la necesidad de:
‒ contar con enfoques verdaderamente participativos que conlleven la participación de todas las titulares de derechos afectadas, eviten la vulneración de sus derechos individuales y colectivos, y promuevan fuentes alternativas de ingresos que no generen nuevas formas de "extractivismo verde" ni una repetición de las desigualdades inherentes a los modelos basados en los combustibles fósiles;
‒ proteger a las personas defensoras de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente y un espacio cívico abierto para la justicia medioambiental;
‒ respetar el consentimiento libre y previo de los pueblos indígenas, incluso en los proyectos de transición;
‒ disponer de normas vinculantes y estrictas en materia de rendición de cuentas por parte de las empresas, habida cuenta de la elevada contribución a las emisiones de las grandes corporaciones del sector del carbono;
‒ instaurar medidas comerciales y de inversión, así como políticas fiscales, que no socaven los objetivos climáticos ni supongan una carga para las comunidades y los países con menos responsabilidad en la situación actual.
Durante la segunda conferencia que se celebrará en 2027 bajo el liderazgo conjunto de Tuvalu e Irlanda, la FIDH continuara defendiendo que los derechos humanos ocupen un lugar central en las medidas de eliminación gradual. Además, luchará para garantizar que el espíritu de Santa Marta se traslade a los debates sobre estas cuestiones en la COP31. Ha llegado el momento de que los países pasen de las palabras a la acción real y rápida, con fundamento científico y en las obligaciones en materia de derechos humanos.