París, Bruselas, 17 de octubre de 2025. El 6 de octubre de 2025, 46 grandes empresas europeas firmaron una carta conjunta dirigida al presidente francés Emmanuel Macron y al canciller alemán Friedrich Merz, en la que pedían la derogación de la directiva europea sobre el deber de diligencia (CSDDD) en nombre de la “competitividad europea”.
Acceder a esta petición supondría cancelar años de avances hacia la promoción de un comportamiento responsable de las empresas en sus actividades y cadenas de valor.
El deber de vigilancia: una herramienta de progreso, no una carga.
Contrariamente a lo que afirman las empresas firmantes, el deber de vigilancia no supone un freno a la competitividad ni una carga administrativa. Existen numerosas empresas que ya se han dotado de herramientas eficaces para identificar los riesgos ambientales, sociales y humanos, así como para prevenir o reparar los daños, con pleno respeto a los derechos de las partes interesadas. En realidad, lo que perjudicaría la competitividad y la credibilidad de las empresas europeas en el panorama mundial es el retroceso en estos esfuerzos, y no el hecho de que continúen.
Apoyar los derechos humanos y la protección del medio ambiente
Las empresas multinacionales que cuentan con cadenas de valor mundiales son conscientes de los efectos negativos que sus actividades pueden causar sobre las personas y el planeta, algunos de los cuales son susceptibles de ser objeto de acciones legales. La CSDDD refuerza las obligaciones de prevención, transparencia y rendición de cuentas, por lo que aporta un complemento esencial a las normas existentes. El hecho de reivindicar su derogación antes incluso de que se haya aplicado significa poner en tela de juicio avances indispensables para los derechos humanos y el planeta.
La Unión Europea debe reafirmar su compromiso
Esta iniciativa, con el pretexto de la “competitividad”, pretende retornar a la desregulación, a la ley del menor coste y al abandono del liderazgo europeo en materia de responsabilidad empresarial.
Si se atendiera esta petición, únicamente ganarían quienes pretenden eludir toda responsabilidad, en detrimento de la ciudadanía europea y las población afectada de todo el mundo.
Hacemos un llamamiento a la Unión Europea y a sus Estados miembros para que preserven la integridad de las normas que obligan a las empresas a respetar los derechos humanos y el medio ambiente, y confirmen la dinámica de exigir responsabilidades iniciada en la legislatura anterior.