"En lugar de estar a la altura de las circunstancias y elaborar una política migratoria coherente, integral y bien coordinada centrada en los derechos humanos, los líderes europeos decidieron canjear la dignidad y los derechos de migrantes y solicitantes de asilo por una ganancia política egoísta a corto plazo. Este cinismo es despreciable."
En los últimos años, la FIDH y otras organizaciones de derechos humanos se han documentado rechazos ilegales que a menudo se han llevado a cabo mediante el uso excesivo de la fuerza, así como la expulsión a los países de origen y a terceros países con sistemas de asilo inadecuados y un pobre historial de derechos humanos.
"Este acuerdo es el final de una serie de retrocesos en la protección de las personas migrantes y solicitantes de asilo. En pocas palabras, es el acuerdo de la vergüenza."
En sus conclusiones, el Consejo Europeo toma nota de la Comunicación de la Comisión del 16 de marzo, que establece que las solicitudes de asilo de personas que cruzan desde Turquía a Grecia pueden ser declaradas inadmisibles, basándose en el concepto de "primer país de asilo" o de "tercer país seguro", según la legislación europea e internacional. La FIDH se opone firmemente al concepto de "tercer país seguro" ya que la necesidad de protección internacional debe evaluarse en función de las circunstancias personales de cada solicitante de asilo.
"En un intento ilusorio de cerrar las fronteras europeas, los líderes de la UE están dispuestos a oficializar a Turquía como país seguro para los refugiados en un momento en que el país carece de un sistema de asilo justo y eficaz y la situación de los derechos humanos es la peor en décadas".
Organizaciones de derechos humanos han documentado deportaciones realizadas por Turquía a países peligrosos —entre ellos, Siria—, en clara violación del derecho internacional y del principio de no devolución.
Los acuerdos bilaterales no pueden justificar prácticas que vulneran los derechos humanos. En 2004, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Hirsi Jamaa y otros contra Italia estableció que "Italia no [podía] eludir sus propias responsabilidades invocando sus obligaciones derivadas de sus acuerdos bilaterales con Libia." El Tribunal consideró que Italia había violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos al devolver a migrantes eritreos y somalíes a Libia donde corrían el riesgo de ser sometidos a malos tratos y de ser repatriados a sus países de origen.
La Unión Europea y sus Estados miembros están eludiendo sus responsabilidades con los refugiados. Si se necesita con urgencia un aumento del reasentamiento de refugiados, condicionarlo al hecho de que alguien arriesgue su vida para llegar a Europa es inaceptable.
"Externalizar sus responsabilidades para con los refugiados y traspasarlas a guardianes con un deplorable historial en materia de derechos humanos no funcionará. Tampoco funcionará construir barreras ni depender en exceso de la seguridad de las fronteras exteriores. Cada vez que se cierra una vía, se abre otra que empuja a los migrantes hacia rutas aún más peligrosas y los hace más vulnerables a las violaciones de derechos humanos. No existe una solución a largo plazo para la situación actual de migrantes y de refugiados si no se crean canales de migración legales y seguros y se incluyen medidas como el aumento incondicional de la capacidad de reasentamiento."