Una situación cada vez peor en materia de derechos humanos
A finales de enero, participé en una misión conjunta de alto nivel de la FIDH y la Red Euromediterránea de Derechos Humanos y llegamos a la conclusión de que, sin duda alguna, los derechos humanos en Turquía están pasando por la peor situación en décadas. En toda la región sudeste del país, las violaciones de los derechos humanos están generalizadas en el contexto del conflicto entre el grupo armado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las fuerzas de seguridad turcas, conflicto que se ha cobrado un gran número de vidas, incluidas muchas víctimas civiles. Además, en el país existe una gran represión de la libertad de expresión, del derecho de reunión y de asociación pacífica. Cada vez más defensoras y defensores de los derechos humanos, profesionales de la abogacía, del mundo académico, de los medios de comunicación en línea y en papel y miembros de la oposición política son blanco de estas actuaciones. Se enfrentan a campañas de desprestigio, estigmatización, difamación, intimidación, amenazas, acoso judicial y criminalización, que suelen dar lugar a arrestos y detenciones arbitrarias, así como a violencia física a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
La alarmante situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo
En la actualidad Turquía acoge al mayor número de personas refugiadas del mundo, con 2,7 millones de sirios en esta situación. La mayoría viven en condiciones extremas fuera de los campos gestionados por el Gobierno, sin prácticamente ningún apoyo. La adopción de la Ley de 2014 sobre extranjería y protección internacional ha contribuido poco a aliviar la preocupación relacionadas con las violaciones de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.
A pesar de algunos avances positivos que todavía no se han aplicado por completo, esta ley reproduce muchas de las deficiencias jurídicas del acervo de la Unión Europea en materia de asilo, entre otras, el aumento de la utilización de procedimientos acelerados para tramitar rápidamente las solicitudes de asilo y la detención por periodos de hasta doce meses de personas en espera de ser devueltas, contrariamente a lo dispuesto por el derecho internacional. El acceso a los procedimientos de asilo sigue siendo especialmente difícil en el país. Turquía todavía mantiene las reservas geográficas que formuló en relación a la Convención de Ginebra de 1951 sobre la situación de las personas refugiadas, que excluye a la ciudadanía no europea de las solicitudes de asilo. De este modo, las personas de nacionalidad siria, iraquí o afgana no reciben pleno reconocimiento como refugiadas ni disfrutan de los derechos consagrados por la Convención. En Turquía el procedimiento para que una persona extranjera obtenga permiso de trabajo es extremamente estricto y son muy pocos los solicitantes de protección internacional que consiguen obtenerlo, por lo que muchos son explotados y un gran número de mujeres y niños se ven abocados a la mendicidad. Se priva a los niños de su derecho a la educación. Las autoridades turcas han devuelto por la fuerza a personas sirias a su país, en una clara violación del principio de no devolución, que impide que los Estados devuelvan a personas a países donde corren peligro de ser perseguidas y de sufrir otras violaciones de los derechos humanos.
El acuerdo UE-Turquía: Turquía utiliza a los refugiados como moneda de cambio
Las autoridades turcas han usado la lucha contra el terrorismo y la presencia en el territorio turco de un gran número de solicitantes de asilo y de refugiados como moneda de cambio para negociar el acuerdo con la UE. Turquía quería fondos, liberalización de los visados y avances en las conversaciones sobre su adhesión y, lo que es más importante, las autoridades turcas querían que la UE dejase de criticar las violaciones de los derechos humanos que ocurren en el país. Y ahí es precisamente donde ha tenido éxito con este acuerdo. La Unión Europea y sus Estados miembros están haciendo la vista gorda al deterioro de los derechos humanos en Turquía a cambio de su promesa de ayudar a contener los flujos migratorios hacia la UE. Es vergonzoso y cínico ver que, con tal de proteger sus fronteras, los líderes de la UE están dispuestos a aprobar a Turquía como "país seguro" para los refugiados cuando la realidad muestra que no es así. Comerciar con los derechos humanos es el precio que la Fortaleza Europa parece estar dispuesta a pagar por sellar sus fronteras y eludir su propia responsabilidad en materia de respecto a los derechos humanos.
Véase ¿Qué es realmente Grecia? por Dimitris Christopoulos, vicepresidente de la FIDH
Véase ¿Qué es realmente la Unión Europea? por Karim Lahidji, presidente de la FIDH
Véase ¿Qué es realmente el mar Egeo? por Dan Van Raemdonck, secretario general de la FIDH