Movilizada sobre el tema de la migración desde 2003, la FIDH observa con inquietud la subcontratación de las políticas migratorias y el aumento de su carácter represivo, particularmente a través de la externalización de las fronteras de los países de destino hacia las rutas migratorias de los países de tránsito y de salida. Los acuerdos formales o informales y programas internacionales como el « Programa Frontera Sur » (EE.UU. / México), la Declaración UE / Turquía, las Operación Fronteras Soberanas (Australia), los acuerdos de readmisión entre Israel y Ruanda o Uganda, el acuerdo UE / Bangladesh o el MoU entre Italia y Libia sobrepasan los procesos democráticos en la mayoría de los casos, crean regiones de acantonamiento y de detencion, aumentan la militarización de las fronteras y la criminalización del acto migratorio. Todo ello unido a una fuerte desresponzabilización frente a la justicia de los actores de la represión contra los migrantes: policía, ejércitos, agencias transnacionales y actores no estatales como milicias o compañías multinacionales. Las consecuencias en términos de no respeto de los derechos humanos son fuertes: represión, juicios injustos, detenciones arbitrarias, violencia policial, expulsiones, etc. Además, esta situación represiva está empujando a las personas migrantes hacia rutas cada vez más peligrosas, con el fin de eludir aquellas otras más utilizadas actualmente, demasiado controladas y militarizadas. Sometidos al control de delincuentes, las personas migrantes se encuentran en situaciones de esclavitud, trata, malos tratos, violencia sexual o violencia de género.
En vista de las consecuencias de la dinámica de la externalización de las fronteras y las políticas de migración en materia de derechos humanos a nivel mundial, la FIDH:
- Condena enérgicamente el fenómeno de la externalización de las fronteras y el carácter xenófobo y racista de las políticas aplicadas por los Estados fortaleza contra determinadas poblaciones de migrantes;
- Condena la cooperación migratoria entre países de destino y países inseguros como Turquía o Libia, así como los acuerdos que combinan asistencia económica y los enfoques de seguridad, como el Programa Frontera Sur, o que promueven expulsiones colectivas.
- Pide la abolición o el cierre de los mecanismos y organismos que aplican dinámicas de externalización y privatización de las políticas de migración: centros de detención para personas migrantes en los países de transición o de tránsito, Eurosur, Frontex, Laissez-passer europeo (LPE), TIGRES, GOET, UTIC, grupo de trabajo de la Frontera Soberana, …
- Pide la eliminación de los factores que impulsan a los migrantes a utilizar rutas peligrosas, y pide el reconocimiento del derecho a migrar mediante la apertura de rutas seguras y legales: reasentamiento, visados, corredores humanitarios, etc.
