Las defensoras y defensores de los derechos humanos que están sobre el terreno en la isla de Lesbos informaron esta mañana de que unas 200 personas, en su mayoría hombres paquistanís, habían sido deportados de regreso a Turquía. Se ha informado de que en las embarcaciones había tantos funcionarios de Frontex como migrantes y que el personal de Frontex llevaba mascarillas higiénicas.
"Con estas deportaciones la Unión Europea toca fondo. ¿Cómo pueden la Unión Europea y sus Estados Miembros seguir afirmando que su objetivo es la defensa de los derechos humanos cuando deportan a sabiendas a personas que no han tenido acceso a procedimientos de asilo justos a un país que para ellos es todo menos seguro? Todas las deportaciones hacia Turquía deben cesar de inmediato y debe darse a las personas migrantes acceso a procedimientos de asilo justos y claros, un derecho que se encuentra protegido por la legislación internacional y europea."
Los líderes europeos afirman que solo serán deportadas las personas que no soliciten asilo en Grecia o cuyas solicitudes sean rechazadas. Sin embargo, habida cuenta de las deficiencias del sistema de asilo griego, es evidente que Grecia no está en condiciones de velar por la existencia de las garantías necesarias para evaluar evaluar y procesar las solicitudes según lo establecido por el derecho internacional y europeo, entre otras, por la Directiva sobre procedimientos de asilo. ACNUR ha documentado limitaciones en cuanto al horario y a los cupos diarios en los centros de procesamiento de asilo en Grecia. El 1 de abril la funcionaria de asilo griega de más alto nivel, Maria Stavropoulou, manifestó su preocupación por la grave escasez de personal de su departamento y declaró que debería multiplicarse por veinte para procesar las solicitudes de asilo de forma adecuada. La FIDH ha entrevistado a varias personas paquistanís del centro Moria de Lesbos, que declararon que se les había negado la posibilidad de solicitar asilo a pesar de su deseo de hacerlo.
Habida cuenta de su sistema de asilo, igualmente deficiente, no es posible considerar que Turquía sea un tercer país seguro para quien busca protección internacional. El país mantiene una limitación geográfica a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, que impide a los solicitantes de asilo no europeos pedir el estatuto de refugiado y tener acceso a los derechos que se conceden en dichos instrumentos. El 1 de abril Amistía Internacional documentó devoluciones forzadas masivas de ciudadanas y ciudadanos sirios a su país de origen desde Turquía, en clara violación del principio de ’no devolución’.
"La llamada ’solución’ europea de cerrar sus fronteras a cualquier costo y de subcontratar a Turquía el cumplimiento de sus compromisos no solo incumple la legislación internacional sino que no es sostenible y es de corta de miras. No proporciona solución alguna a largo plazo para las personas que están dispuestas a arriesgar sus vidas para huir de países devastados por la guerra o por las persecuciones. Únicamente empujará a los migrantes y solicitantes de asilo a buscar rutas más peligrosas. Si la Unión Europea quiere evitar futuras pérdidas de vidas, debe ampliar incondicionalmente su compromiso de reasentamiento, para incluir, entre otras, la reunificación familiar, así como la concesión de visados humanitarios."