El 23 de agosto 2018, 116 personas fueron expulsadas desde Ceuta hacia Marruecos, y dos murieron durante las detenciones masivas realizadas en Marruecos desde entonces. Esta es otra demostración de las consecuencias del enfoque violento, restrictivo y securitario de las políticas de migración.
Entre los expulsados, 17 fueron juzgados por el tribunal de primera instancia de Tetuán el 10 de septiembre y condenados a dos meses por la entrada y estancia irregular, menosprecio a los funcionarios en ejercicio de sus funciones, y la posesión de armas. Los demás fueron desplazados a otras ciudades por las fuerzas auxiliares marroquíes. También las protestas pacíficas frente al consulado español de Tánger del 31 de agosto fueron reprimidas violentamente.
Es urgente que las autoridades marroquíes y españolas pongan fin al clima general en el que se desarrollan estos eventos trágicos: la inaceptable precariedad económica y social de los migrantes en Marruecos, incluso las personas en estancia regular; la imposibilidad de llegar a España, incluso para pedir asilo en las oficinas dedicadas de Ceuta y Melilla; la violencia y el acoso, en plena impunidad, que sufren los migrantes y algunos de sus apoyos asociativos.
En este contexto, EuroMed Rights, la FIDH y la OMCT:
- Urgen a las autoridades marroquíes a no criminalizar la entrada y la estancia irregular, como recomiendan los principios y líneas directivas relativas al derecho de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, emitido por el Alto Comisariado de Derechos Humanos de la ONU en 2018, explicando nuestra preocupación por las persecuciones perpetradas contra de las 17 personas migrantes;
- Señalan que es esencial que los autores de las violencias sean castigados, sean quienes sean. La falta de procesamiento por abuso policial por parte de las autoridades de ambos lados de la frontera es sumamente preocupante, aunque esté demostrado;
- Consideran que esurgente que una ley de migración y asilo, que respete el derecho internacional y sea aplicable a todos los migrantes y refugiados en Marruecos se adopte y se acompañe de una verdadera política de integración.
Por último, es sorprendente que la violencia en la frontera y las expulsiones colectivas continúen desde España, y ello presuntamente con la complicidad de las autoridades marroquíes, contradiciendo los compromisos del nuevo gobierno. Estas prácticas, condenadas por unanimidad por la ONU, el Consejo de Europa y las organizaciones de la sociedad civil deben cesar de inmediato y las normas que permiten dichas prácticas en la Ley de Seguridad (llamada oficialmente "Ley de Protección de la Seguridad Siudadana") ser abolidas.
En este sentido, nuestras organizaciones felicitan la reapertura de la investigación sobre la matanza
del Tarajal de febrero 2014, donde quince personas murieron como consecuencia de la utilización de medios antidisturbios por la Guardia Civil, y felicitan la investigación realizada por la policía marroquí para aclarar las causas de la muerte de las dos personas de Mali, durante de las arrestaciones de masa de ese Agosto.
Nuestras organizaciones expresan su solidaridad con las víctimas de estos sucesos y las organizaciones de apoyo a las víctimas en la sociedad civil marroquí, española y las organizaciones que representan a las comunidades de migrantes en Marruecos que se mobilizaron de inmediato para seguir de cerca la situación de las víctimas.
EuroMed Rights
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)