“Esta condena por violencia sexual es una victoria importante para las 15 mujeres q’eqchi, después de más de 30 años de lucha para obtener justicia y verdad. Ellas demostraron un inmenso coraje y valentía en la reivindicación de sus derechos a pesar de la crueldad de los crímenes y de la marginalización que sufrieron.”
La presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo “A” de Guatemala juzgó que las víctimas habían sido tratadas "peor que animales" en el marco de un "diseño estratégico para pulverizar el tejido comunitario y destruir su capacidad productiva". Los hechos ocurrieron en el destacamento militar instalado en la comunidad de Sepur Zarco (al Nor-oriente de Guatemala) entre 1982 y 1983. Los militares capturaron a mujeres mayas indígenas q’eqchi para convertirlas en esclavas sexuales y domésticas. Ellas eran obligadas a cocinar, limpiar y lavar la ropa de los soldados, al mismo tiempo eran violentadas sexualmente y obligadas a tomar medicinas para no quedar embarazadas. Sus esposos, quienes reclamaban la propiedad formal de las tierras que ocupaban ellos y sus ancestros, fueron desaparecidos y/o asesinados.
En su informe final de 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico había destacado que “la violación sexual de las mujeres, durante su tortura o antes de ser asesinadas, fue una práctica común dirigida a destruir la dignidad de la persona en uno de sus aspectos más íntimos y vulnerables. La mayoría de las víctimas de esta violación fueron mujeres mayas.”
La sentencia condenatoria impuesta a los dos militares retirados suman penas por un total de 360 años. Por un lado, el militar retirado del ejército Coronel. Francisco Esteelmer Reyes Girón condenado a 120 años de prisión, fue declarado culpable por crímenes contra la humanidad al mantener en condición de esclavitud doméstica y sexual a quince mujeres y por matar a una mujer y sus dos hijas. Por otro, el paramilitar al servicio del ejército Heriberto Valdés Asij, fue condenado a 240 años de prisión por haber cometido actos de esclavitud y por la desaparición forzosa de siete hombres.
“A pesar de esta importante victoria para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, queda mucho por hacer en la lucha contra la impunidad que todavía persiste en crímenes internacionales cometidos en el marco del conflicto armado. Es una vergüenza que el ex general y dictador de Guatemala Ríos Montt siga sin rendir debidas cuentas ante la justicia.”
El próximo 16 de marzo dará inició el juicio especial (cerrado al público) contra Rios Montt y al mismo tiempo el juicio ordinario (abierto al público) contra el otro acusado José Mauricio Rodríguez Sánchez, sin resolver las graves contradicciones que implica esta situación. Si se inicia el juicio especial a puerta cerrada se violenta la publicidad del otro caso y si se hace público se violenta el derecho de Ríos Montt. Al realizar los dos juicios juntos se estaría cometiendo una ilegalidad que provocaría su futura anulación. Hacemos un llamado a las autoridades judiciales a actuar de forma independiente e imparcial y garantizar la aplicación de los principios del debido proceso y los derechos de las víctimas de los graves crímenes cometidos, cómo se demostró con la sentencia “Zepur Sarco”.
En el marco del conflicto armado interno en Guatemala, que duró de 1960 a 1996, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas, más de 200,000 personas fueron asesinadas, entre las cuales 45,000 están todavía desaparecidas, un millón de personas se vieron obligadas a desplazarse, más de 600 masacres fueron documentadas y 400 aldeas fueron completamente destruidas.