En él se refleja especialmente hasta qué punto se dirigen contra las asociaciones de mujeres, y cómo, dos años después del final del estado de urgencia instaurado tras el intento de golpe de Estado de 2016, los márgenes de maniobra de la sociedad civil se han reducido considerablemente.
“En estos últimos años, el movimiento por los derechos de las mujeres ha sido sistemáticamente objeto de ataques como cualquier otra expresión de disidencia, entre ellas las manifestaciones pacíficas”, explica Reyhan Yalcındağ, vicepresidenta de la FIDH y representante de IHD. “Las autoridades deben garantizar un entorno propicio para la sociedad civil, en el que se garantice el diálogo democrático y en el que las personas defensoras de los derechos humanos puedan llevar a cabo su trabajo en total seguridad.”
El informe titulado “Una emergencia perpetua: ataques contra la libertad de reunión en Turquía y sus repercusiones en la sociedad civil” documenta precisamente cómo las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y sus miembros –antes protegidas por su gran legitimidad activista– sufren ahora especialmente la represión que se está llevando a cabo en el país desde hace casi cuatro años. Se amordaza así a una de las últimas voces que denuncia el patriarcado y la deriva autoritaria del gobierno turco.
La situación es aún más delicada para las defensoras kurdas de los derechos de las mujeres. Se han cerrado por decreto todas las organizaciones del sudeste del país y la sociedad civil sufre allí una represión sin precedentes. “Las reuniones al aire libre, los eventos en lugares cerrados y las redes sociales se han convertido en actos criminales: no sé cómo podemos exigir nuestros derechos en silencio,” declara una activista en el informe.
“Desde el intento de golpe de Estado, las violaciones flagrantes de los derechos fundamentales han aumentado a un ritmo alarmante, sin que se vislumbre el fin de una represión que ha restringido gravemente las libertades individuales y ha obstaculizado el trabajo de los grupos de defensa de los derechos humanos,” concluye el secretario general de la OMCT, Gerald Staberock. “En un momento en el que se ha reducido considerablemente el espacio de la sociedad civil y el diálogo constructivo con las autoridades ya no parece posible, es hora de que la comunidad internacional asuma la responsabilidad de ayudar a proteger los derechos humanos y el espacio cívico en Turquía.”
Este informe es el primero de una serie de dos publicaciones sobre la reducción del espacio de la sociedad civil en Turquía. Se publica en el marco del programa financiado por la Unión Europea titulado Apoyo integral a las personas defensoras de los derechos humanos en Turquía (Comprehensive Support to Human Rights Defenders in Turkey). Gestionado por un consorcio de ONG, entre las que se encuentran la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la OMCT Europa, este programa tiene por objeto apoyar y fortalecer las capacidades de la sociedad civil y de las personas defensoras de los derechos humanos en Turquía. El segundo informe, que se publicará en la primavera de 2021, se centrará en la libertad de asociación.