Considerando que, mediante el retroceso en la jurisprudencia que supone la revocación de la protección federal otorgada al derecho al aborto desde 1973 por la sentencia Roe contra Wade, que es contraria a la creciente dinámica de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha desmantelado el derecho constitucional al aborto y ha marcado así una regresión sin precedentes en el derecho de las mujeres a controlar su propio cuerpo, que puede repercutir en otros países del mundo.
Considerando que las personas en situación de vulnerabilidad serán las primeras víctimas de esta decisión, como las mujeres que viven en entornos rurales, las mujeres pobres y las víctimas del racismo, de la discriminación y de violación.
Considerando que se trata de una decisión muy preocupante para la situación de los derechos de las mujeres en el mundo y que el posicionamiento de varios jueces conservadores no hace sino marcar el inicio de un ataque sin precedentes en Estados Unidos contra los derechos fundamentales de todas las personas.
Considerando que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que es responsabilidad de las Estados de reconocerlos y garantizarlos y de la sociedad civil de todo el mundo defenderlos sin tregua contra los ataques de los movimientos conservadores, populistas y reaccionarios, que pretenden socavar la indivisibilidad y universalidad de los derechos humanos.
Considerando que, en todo el mundo, el acceso de las mujeres, las niñas, las adolescentes y los grupos de población marginada a la salud y los derechos sexuales y reproductivos se encuentra amenazado y se imponen restricciones a su acceso a la información, la educación sexual integral y otros servicios.
Considerando que cada año se realizan 5,1 millones de abortos inseguros en todo el mundo y que el 41% de las mujeres en edad fértil viven en países que imponen restricciones al derecho al aborto.
Considerando, al mismo tiempo, que las organizaciones de derechos humanos, especialmente las organizaciones feministas, luchan sin cesar por el derecho de las mujeres a controlar su propio cuerpo y que, en muchos casos, logran victorias. En los últimos cinco años se ha legalizado el aborto en Irlanda del Norte, Argentina y Benín, entre otros países. En los últimos 25 años, 50 países han liberalizado su legislación sobre el aborto.
Considerando que la FIDH, por su carácter internacional, su arraigo local y su lucha centenaria en favor de la universalidad de los derechos humanos, gracias a su conocimiento experto sobre los propios derechos humanos, los sistemas internacionales y regionales de promoción y defensa de los derechos humanos y su experiencia en la labor de documentación de las violaciones de los derechos, tiene la vocación de luchar contra los movimientos reaccionarios y conservadores que amenazan los derechos humanos en todo el mundo y de seguir defendiendo los derechos fundamentales de las mujeres, en primer lugar, el derecho a tener el control sobre su propio cuerpo, condición indispensable para su emancipación.
La FIDH:
• Condena con la mayor firmeza posible la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que ha puesto fin a la protección constitucional del derecho al aborto;
• Insta a las autoridades de Estados Unidos a adoptar una ley que reconozca, garantice y proteja el derecho al aborto;
• Pide a los y las jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que no anulen las sentencias que protegen el ejercicio de los derechos fundamentales y priven a esos derechos de la protección federal ;
• Reitera que la lucha por el derecho al aborto y el derecho de las mujeres a controlar su propio cuerpo será determinante en las futuras acciones de la Federación Internacional de Derechos Humanos y sus organizaciones miembros.
• Reafirma la importancia de que la sociedad civil de todos los países trabaje de forma conjunta para compartir experiencias y estrategias comunes destinadas a defender los derechos de las mujeres, en particular los derechos sexuales y reproductivos.
