Tras la decisión adoptada en 2020 por el Tribunal Constitucional de Polonia (influido políticamente) sobre la prohibición del aborto en los casos en que se presuma que el feto no será viable tras el nacimiento o presente una discapacidad genética, la realidad de las mujeres en Polonia pasó de ser mala a encontrarse en una de las peores situaciones posibles. Además, la lucha por el resto de derechos sexuales y reproductivos – como el derecho al acceso a la información sobre el aborto – sigue en el punto de mira del activismo antiabortista. Un nuevo proyecto de ley propone penalizar esta actividad con penas de cárcel efectivas. La primera audiencia sobre el proyecto de ley está prevista para el 8 de marzo de 2023, Día Internacional de los derechos de las mujeres.
No es de extrañar que los/as activistas antiaborto continúen su campaña contra los derechos de las mujeres atacando una de las últimas formas oficiales en que la sociedad civil y las propias mujeres siguen apoyando a quienes necesitan acceder al aborto, que es facilitar canales de información sobre el tema. El propio acto de ayudar a abortar, es decir, mediante la entrega de píldoras abortivas o prestando ayuda (incluida la ayuda económica) para obtenerlas, está penado con hasta tres años de cárcel según las disposiciones vigentes del Código Penal polaco. Sin embargo, por el momento, proporcionar información sobre las posibilidades de acceder a esos servicios sanitarios no lo está.
Kaja Godek, una de las líderes más destacadas del movimiento polaco contra el aborto, que también es responsable en parte del éxito de la prohibición del aborto gracias a que organizó una gran presión social sobre los actores políticos que presentaron la moción que finalmente condujo a la decisión del Tribunal Constitucional en 2020, presentó un nuevo proyecto de ley al Sejm polaco el 28 de diciembre de 2022. En él se establece que “producir, grabar, importar, comprar, crear, utilizar, presentar, transferir o enviar impresos, copias u otros, o soportes de datos” que contengan información sobre el acceso al aborto, así como informar públicamente sobre las posibilidades de obtenerla será castigado por la ley con una sanción de hasta dos años de cárcel.
El nuevo proyecto de ley será examinado por la Sejm polaca (Cámara Baja del Parlamento) el 8 de marzo, Día Internacional de los derechos de las mujeres. Aunque la coalición gobernante ha manifestado su intención de rechazar esta nueva idea, las personas defensoras de los derechos humanos seguirán los procedimientos con gran atención.
Penalizar el acceso a la información sobre su salud y sus derechos sexuales no es el único “regalo” que las mujeres polacas han recibido este año por parte de las autoridades antes de la celebración del 8 de marzo. En Szczecin, una de las ciudades más grandes de Polonia, situada junto al mar y cerca de la frontera alemana, agentes de la Agencia Central Anticorrupción se hicieron con toda la base de datos de documentación sanitaria de los últimos 30 años de una de las consultas ginecológicas. El fiscal que firmó la decisión dirige una investigación sobre un aborto farmacológico que se debía practicar incumpliendo la ley vigente, que únicamente contempla dos excepciones: cuando la vida o la salud de la embarazada corren peligro y cuando el embarazo es consecuencia de un delito. Sin embargo, los expedientes que se incautaron no se referían a un solo caso, sino a todos los expedientes de pacientes recopilados por una ginecóloga, la Dra. Maria Kubisa. Esto significa que la fiscalía podría haber examinado nada menos que los datos sanitarios y personales más sensibles de todas las pacientes que acudieron a esta consulta en los últimos 30 años. Únicamente se logró la devolución de la documentación a la clínica tras el revuelo causado en los medios de comunicación. Sin embargo, la “retención de expedientes médicos” no quedará sin respuesta: las pacientes han tomado cartas en el asunto y han declarado que cuestionarán la sentencia del fiscal ante los tribunales y que están dispuestas a llegar hasta donde haga falta, incluso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por último, no se puede olvidar el desafortunado precedente de Justyna Wydrzyńska, que continúa acusada del delito de complicidad en un aborto ilegal por haber suministrado píldoras abortivas a una tercera persona, una mujer que quería abortar debido a su difícil situación vital. Justyna, aunque cuenta con el apoyo de personas defensoras de los derechos humanos de todo el mundo, continúa pendiente de juicio y se enfrenta a penas de hasta tres años de prisión.
Aunque las autoridades polacas continúan afirmando que el aborto se puede practicar y se practica en los hospitales polacos en determinadas circunstancias, las estadísticas demuestran lo manipuladora que puede ser tal afirmación. Con una población de unos 9 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva, según datos del gobierno, en 2021 solo se produjeron 107 abortos en hospitales. Para leer estas cifras con perspectiva, basta indicar que en ese mismo año la policía inició 2257 procedimientos por casos de violación, de los que 1081 se confirmados según las disposiciones aplicables del Código Penal polaco. Sin embargo, en 2021 no se practicó ningún aborto debido a que el embarazo fuera consecuencia de un delito.
Lo inquietante de todo lo anterior es que la ley ya no protege a las mujeres ni su derecho a abortar en Polonia, ni siquiera cuando les ampara la ley. Los fiscales han perdido su independencia y se encuentran atados a decisiones influidas políticamente debido a que el ministro de Justicia simultáneamente como fiscal general y tiene la potestad de dictar instrucciones vinculantes. Además, la degradación del Estado de derecho en el país condujo en gran medida a que se hiciera realidad la prohibición de aborto –tras sustituir ilegalmente a la mayoría del Tribunal Constitucional por personas más afines a la agenda ideológica del partido gobernante–, por lo que la decisión adoptada en el caso del aborto fue negativa, pero no constituyó una sorpresa.