Mexico, Paris, 13 de Junio 2025. En México, la desaparición de mujeres y niñas es una realidad desoladora y, lamentablemente, cada vez más común, como lo demuestra el caso de Isabel [1], una joven de 31 años originaria de Acapulco (Guerrero), quien desapareció sin dejar rastro en noviembre de 2019. A pesar de que su familia reportó inmediatamente su desaparición a las autoridades, los investigadores les pidieron esperar 72 horas antes de presentar la denuncia, aunque una respuesta rápida es un factor esencial para resolver estos casos. No solo obstaculizaron la apertura de la investigación, sino que los investigadores hicieron comentarios insultantes, estigmatizantes y discriminatorios hacia sus familiares. Insinuaron que ella podría haberse ido con un novio o estar involucrada en actividades ilegales vinculadas con el crimen organizado. Poco después de presentar la denuncia, su madre recibió la primera de muchas llamadas anónimas amenazantes. Hasta la fecha su familia no ha recibido ningún tipo de apoyo: ni psicológico, ni financiero, ni jurídico. Este caso, lejos de ser una excepción, es un ejemplo de la normalización de la desaparición de mujeres y niñas en México. Mientras tanto, las autoridades parecen desinteresarse en un fenómeno que se ha vuelto sistémico.
Como lo han señalado la FIDH, IDHEAS y EMAF en la nota técnica del 26 de marzo de 2025, las desapariciones de mujeres y niñas en México no son hechos aislados. Se extienden a todo el territorio mexicano, afectando particularmente a estados como Guerrero, marcado por una fuerte presencia del crimen organizado, o Estado de México, un cruce estratégico de la trata de personas.
Los datos oficiales confirman la magnitud del problema: de las 128,426 personas reportadas como desaparecidas en México entre 1952 y el 12 de mayo de 2025, 29,569 son mujeres, representando casi el 23% del total de personas desaparecidas. El aumento significativo de desapariciones de mujeres y niñas en los últimos años es particularmente preocupante: en 2024, 3,601 mujeres fueron reportadas como desaparecidas o no localizadas en el país, lo que representa un aumento de más del 40 % respecto al año anterior.
Un fenómeno generalizado, arraigado en una cultura patriarcal, alimentado por la impunidad
Como revela el informe «¿Quién nos busca? ¿Quién nos cuida?» publicado en noviembre de 2024 sobre el Estado de México, las desapariciones de mujeres y niñas están frecuentemente relacionadas con redes de trata con fines de explotación sexual. En muchos casos, las mujeres no son secuestradas a la fuerza sino reclutadas a través de redes sociales o aplicaciones, mediante métodos de manipulación afectiva que las aíslan progresivamente de sus familias o círculos sociales. Las estrategias del crimen organizado incluye focalizar a mujeres en situaciones marginalizadas que propicien el atrapamiento. Sin embargo, las autoridades mexicanas persisten en interpretar estas desapariciones como “ausencias voluntarias”, a pesar de indicios de coerción y consentimiento viciado, cerrando prematuramente los casos sin investigaciones profundas (ni) con una perspectiva de género.
Esta inercia se inscribe en un contexto de cultura patriarcal y machista, donde la violencia contra las mujeres es a menudo considerada como “asuntos privados”. En 2018, el Comité CEDAW ya exhortaba a México a superar los estereotipos sexistas y adoptar una estrategia integral de prevención [2]. Sin embargo, a la fecha, las medidas implementadas por el Estado mexicano siguen siendo insuficientes. Lo cual dificulta la comprensión de la problemática y fomenta la impunidad, permitiendo que los responsables de estas desapariciones y la trata operen con escasas consecuencias, perpetuando un ciclo de violencia estructural.
Violaciones persistentes a la Convención CEDAW, por falta de medidas efectivas y holísticas del Estado mexicano
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante “Convención” o “Convención CEDAW”) es un instrumento universal de referencia sobre los derechos de las mujeres. Fue adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. México forma parte de los 189 países que han ratificado esta Convención, comprometiéndose desde 1981 (año de su ratificación) a adoptar todas las medidas para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, en todos los ámbitos, incluidos el político, económico, social, cultural y civil.
Para permitir la evaluación de la implementación de la Convención a nivel nacional, los Estados partes deben presentar al Comité un informe que debe abordar todas las medidas que “han adoptado para dar efecto a las disposiciones de la Convención” cada cuatro años. El Comité analiza estos informes, formula una lista de preguntas sobre temas problemáticos y luego emite recomendaciones a los Estados partes. Para ello, los miembros del Comité se basan en informes alternativos elaborados por organizaciones no gubernamentales, que también hacen un diagnóstico de la situación de los derechos de las mujeres en un país determinado.
Es en este marco que la FIDH, IDHEAS y EMAF presentaron un informe alternativo en 2023. Este resaltó la gravedad del fenómeno de las desapariciones de mujeres y niñas en el estado federal de Guerrero, para insistir en la urgencia de abordar esta problemática ante el Comité. Esta alerta fue tomada en cuenta por el Comité, que solicitó al Estado mexicano detallar las medidas adoptadas para prevenir de manera urgente las muertes violentas, los feminicidios y las desapariciones, en particular en los estados de México, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero [3].
En respuesta, el Estado mexicano presentó, en su décimo informe periódico al Comité CEDAW, una serie de medidas que ha implementado [4]. Menciona, por ejemplo, la creación de centros de formación dedicados a los diferentes protocolos relativos a personas desaparecidas y a los principales instrumentos internacionales. El objetivo es sensibilizar sobre la cuestión de las desapariciones, fomentar la aplicación de una perspectiva de género en los procesos de búsqueda. También mencionó la elaboración, por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, de estrategias integrales para localizar a las personas desaparecidas, apoyar a las familias y coordinar las investigaciones a través de un registro nacional verificado en vinculación con las comisiones locales y las fiscalías. El Estado también señaló la existencia de un protocolo homologado de búsqueda que asegura la coordinación institucional, y la adopción en mayo de 2023 de una estrategia nacional de búsqueda generalizada por parte del gobierno que está apoyada por los tres niveles de la administración y apunta a fortalecer la colaboración interinstitucional.
Acciones insuficientes ante la magnitud del fenómeno
Sin embargo, la información recogida por nuestras organizaciones muestra que estas acciones son insuficientes ante la magnitud y complejidad del fenómeno. Por ello, la FIDH, IDHEAS y EMAF presentaron el 19 de mayo de 2025 otro informe alternativo al Comité CEDAW. Este proporciona al Comité un análisis detallado de las múltiples violaciones a la Convención CEDAW, especialmente de los artículos 1, 2, 5, 6 y 15, y de las recomendaciones generales n°19, 28, 33 y 35 del Comité, atribuibles a las autoridades mexicanas.
Este informe pone de manifiesto los obstáculos sistémicos para el acceso a la justicia: el no reconocimiento del estatus de víctima en ausencia de violencia física, las prácticas discriminatorias durante la recepción de denuncias, la falta de coordinación institucional en las investigaciones, especialmente cuando hay indicios de trata, y la falta de una investigación holística, multidisciplinaria y con enfoque diferencial y de género.
La información recogida por nuestras organizaciones también revela la connivencia de miembros de la policía municipal o funcionarios locales, a veces directamente implicados en redes criminales o responsables de obstrucción a la justicia. En este mismo sentido, el Comité CEDAW reconoció recientemente la responsabilidad internacional del Estado mexicano en un caso que involucra la desaparición de una joven, y la presunta complicidad de agentes públicos. [5].
Además, mientras que en 2018 el Comité CEDAW exhortó al Estado mexicano a “investigar, procesar y sancionar apropiadamente a los responsables” de violencia basada en género [6], la impunidad sigue siendo la norma. En 2021, solo entre el 2 y el 6 % de los casos de desaparición fueron objeto de procesos judiciales a nivel nacional, y en algunos estados como Guerrero, hasta 2023 no se había dictado condena alguna por la desaparición de una mujer.
Frente a la magnitud del fenómeno y la insuficiencia de las respuestas estatales, la FIDH, IDHEAS y EMAF llaman al Comité CEDAW a formular recomendaciones firmes y específicas. Deben exigir la implementación urgente de medidas efectivas y coordinadas para prevenir y sancionar la violencia basada en género, con especial atención a las desapariciones y la trata de mujeres y niñas. Asimismo, es necesario impulsar estrategias en el largo plazo, orientadas a transformar las estructuras que perpetúan la cultura patriarcal y sexista en el país.
Las tres organizaciones firmantes estarán presentes en la 91ª sesión del Comité CEDAW, con el apoyo del programa Feminist Opportunities Now (FON). Intervendremos en varias ocasiones para presentar nuestras recomendaciones y subrayar la ausencia de respuestas institucionales efectivas por parte de las autoridades mexicanas.
Las mujeres y niñas tienen derecho a vivir sin violencia y en seguridad en México. Frente a un fenómeno tan grave como persistente, es indispensable una acción coordinada y efectiva de las autoridades. Isabel y las miles de otras víctimas deben ser encontradas para obtener justicia, verdad, reparación y no repetición.