En el mundo aún 26 Estados prohíben totalmente el aborto y consideran el hecho de abortar un delito sujeto a penas de cárcel. Y en más de uno de cada diez países en el mundo no se admite ninguna excepción legal, ni siquiera cuando se trata de salvar la vida de la mujer.
En general, a nivel global, 124 países conservan leyes retrógradas, que van desde la introducción de restricciones que obstaculizan la autonomía y la libertad de elección de las mujeres hasta su total prohibición.
No resulta sorprendente que los países con legislaciones más atrasadas sean también aquellos en los que las mujeres sufren todo tipo de privación de sus derechos, de discriminación y de violencia. Los 10 países del mundo en los que es más difícil ser una mujer, poseen sin excepción legislaciones draconianas en materia de aborto.
Se trata, además, de los países donde el aborto legal y seguro es menos accesible y la situación general de los derechos y libertades fundamentales es catastrófica, la corrupción endémica y el Estado de Derecho está de capa caída: la República Democrática del Congo, Egipto, El Salvador, Honduras, por ejemplo. Hay otros tantos Estados con gobiernos autoritarios que prohíben o limitan gravemente el recurso al aborto, particularmente bajo la presión de un fundamentalismo religioso cada vez más problemático en el mundo.
Además, nuevamente se vuelve a atacar y amenazar el derecho al aborto en muchos países. De hecho, los discursos antiaborto de determinados dirigentes han dado argumentos a movimientos conservadores y han acompañado las regresiones que se han producido en Rusia, Polonia y Estados Unidos, entre otros. Persisten o han vuelto, sorprendentemente, determinadas medidas contra la libre elección. Así, Donald Trump restauró la “Global Gag Rule” en 2017, el decreto que prohíbe la financiación de organizaciones internacionales que ofrezcan servicios de aborto legal y seguro. También en Estados Unidos, el estado de Iowa intenta en estos momentos la aprobación de una ley, la denominada “Heartbeat law”, que haría prácticamente imposibles los abortos.
Sin embargo, se avanza y a nivel legal, la tendencia mundial de estos últimos años es positiva. Entre 2000 y 2018, 29 países modificaron su legislación sobre el aborto y todos ellos, salvo uno, adoptaron leyes nacionales más progresistas. Algunos suprimieron todas las restricciones y legalizaron el aborto a petición. Otros ampliaron la base jurídica que permite la intervención incluyendo nuevos criterios (riesgo para la salud de las mujeres, razones socioeconómicas). Únicamente Nicaragua ha dado un paso atrás en 2006 al prohibir el aborto terapéutico.
Asimismo, ante las nuevas tendencias reaccionarias se alzan y continuarán alzándose miles de mujeres determinadas a lograr el reconocimiento y protección de su derecho fundamental al aborto. De hecho en América del Sur, la movilización de mujeres ha permitido que en Argentina este año el Congreso de la Nación estuviera a punto de sancionar el aborto legal dentro de las primeras 14 semanas de embarazo. Aunque el Senado rechazó finalmente la reforma (63% de los votos en contra fueron emitidos por hombres), se ha logrado instalar a nivel social la necesidad de la legalización total del aborto. El movimiento fue también un trampolín para que en otros países se generen importantes debates sociales y legislativos sobre la despenalización del aborto, como en Perú y Bolivia. En Chile, las mujeres lograron que se aprobara en 2017 una ley de aborto por causales después de 20 años de prohibición total. Del mismo modo, en años previos se había logrado legalizar el aborto en Uruguay, en 2012, y en Ciudad de México DF en 2007.
Resulta claro que las propias mujeres no pararán de luchar y denunciar las consecuencias graves que las leyes restrictivas tienen para ellas (y para toda la sociedad), y que profundizan las desigualdades sociales y de género. En la medida que las mujeres se movilicen masivamente y demanden reformas legislativas orientadas a la protección de los derechos de la mitad de la población, los tomadores de decisión se verán interpelados a responder a estas demandas ciudadanas. Pero ello requiere igualmente un mayor involucramiento de la ciudadanía en su conjunto en esta lucha, incluyendo a mujeres y hombres, y el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho.