Señor Presidente
Aunque la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) han sido ampliamente reconocidos por el derecho internacional, las mujeres que defienden esos derechos humanos a menudo sufren acoso, discriminación, estigma, criminalización y violencia física. Como lo destaca la resolución 68/181 de la Asamblea General de la ONU, primera resolución dedicada a las defensoras, esos abusos constituyen violaciones a derechos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad psicológica y física, la intimidad, las libertades de opinión y expresión, de asociación y de reunión pacífica.
Las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra defensoras del derecho al aborto y contra quienes brindan ese servicio forman parte de un cuadro más amplio de ataques contra los derechos sexuales y reproductivos cuyo fin es instrumentalizar los cuerpos y las vidas de las mujeres. Mediante leyes y políticas restrictivas y/o discriminatorias, algunos Estados no impiden que estas violaciones ocurran o activamente las perpetúan. Al hacerlo, institucionalizan el estigma contra el aborto y generan un ambiente hostil para el trabajo de quienes brindan servicios de aborto que en muchos casos persisten en su tarea, pero en otros dejan de prestar servicios debido al acoso o las amenazas que sufren. Esto obliga a las personas que tienen un embarazo no deseado – algunas de ellas niñas – a poner en riesgo sus vidas, su salud y su bienestar recurriendo a abortos inseguros. El Estado tiene la obligación de derogar o eliminar toda ley, política y práctica – incluyendo las leyes restrictivas en materia de aborto - que criminalice, obstruya o socave el acceso de cualquier individuo o colectivo a instituciones, servicios, bienes e información sobre salud sexual y reproductiva.
Los Estados ya no pueden ignorar la evidencia científica, la jurisprudencia y el creciente consenso entre los órganos de derechos humanos en cuanto a que el derecho al aborto es un derecho humano. La criminalización del aborto y la negativa a garantizar el acceso a atención integral en casos de aborto han sido consideradas violaciones a los derechos a la salud, la autonomía corporal, la no discriminación, a disfrutar de los beneficios del progreso científico, la intimidad, vivir libre de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros derechos humanos. Además, la impunidad frente a los ataques contra defensoras/es del derecho al aborto, incluyendo a quienes brindan servicios de aborto, constituye una clara violación de los principios establecidos en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
Por eso hoy, 28 de septiembre, Día Global de Acción por el Acceso al Aborto Seguro y Legal, como defensoras/es del derecho al aborto, aliadas/os y adherentes del mundo entero nos unimos y llamamos al Consejo a condenar los ataques contra quienes defienden el derecho al aborto y a tratar en forma urgente en sus resoluciones, decisiones, diálogos, exámenes y debates las violaciones a los derechos humanos producto de la negativa a garantizar una atención integral en casos de aborto. También exigimos que los gobiernos de todo el mundo respeten, protejan y hagan cumplir el derecho de las defensoras que trabajan para garantizar la atención integral en casos de aborto y post-aborto a realizar su labor libres de toda forma de intimidación, acoso y violencia por parte tanto de actores estatales como no estatales.
Gracias, señor Presidente.