En todos los continentes persisten leyes represivas que criminalizan el recurso al aborto, lo que supone una grave violación de los derechos de las mujeres. Muchas las leyes prohíben la interrupción voluntaria del embarazo sin excepción alguna. Otras leyes prevén que el aborto pueda realizarse cuando la vida o la salud de las mujeres está en peligro o en caso de violación, incesto o malformación del feto. Además, estas legislaciones suponen, por lo general, una serie de limitaciones de procedimiento (como la necesidad de obtener uno o varios certificados médicos o una decisión judicial), lo que impide en términos prácticos que las mujeres recurran al aborto, incluso en aquellos casos previstos por la ley. Se trata de leyes violentas y, a veces, incluso mortales.
Además de decidir sobre el cuerpo de las mujeres, estas leyes las obligan a las mujeres a abortar clandestinamente, con los riesgos para la salud que ello conlleva y poniendo en peligro sus vidas. Para las chicas jóvenes, interrumpir su embarazo provoca desastres tanto físicos como en cuanto a su futuro. Además, la mayor parte de los países que niegan a las mujeres el derecho a abortar, imponen sanciones penales tanto a quienes que detengan su embarazo de forma clandestina como también al personal médico que realice la intervención.
La ONU ha pedido en múltiples ocasiones la abolición de estas leyes arcaicas. La FIDH documenta las violaciones del derecho a la vida de las mujeres y las niñas, del derecho a la salud, la educación y la participación en la vida pública, que son consecuencia de la negación del derecho al aborto, y lucha por la aprobación de reformas que respeten los derechos de las mujeres.