Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información sobre la detención arbitraria de Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz, y sobre la detención arbitraria y posterior liberación de Miguel Guerra Raydan, seis integrantes de la organización no-gubernamental Azul Positivo, así como sobre el allanamiento de su sede. Azul Positivo es una organización no gubernamental que trabaja en favor de las comunidades del estado Zulia, a través de campañas de salud e higiene, prevención de enfermedades, talleres de concienciación humana y promoción de los derechos humanos.
El 12 de enero de 2021, por la mañana, unos 15 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se presentaron a la sede de Azul Positivo en la ciudad de Maracaibo, para realizar un supuesto procedimiento administrativo relacionado con las actividades de asistencia humanitaria que la organización realiza en diversas comunidades del estado Zulia. Los funcionarios permanecieron en la sede durante más de seis horas, deteniendo y interrogando a los directores y a varios miembros de la organización sobre su trabajo humanitario. Luego salieron de la sede, llevando a Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Miguel Guerra Raydan a un destino desconocido. La DGCIM decomisó tres equipos de computación, 12 tarjetas de beneficios del programa humanitario, el banco de datos de los beneficiarios y cinco equipos
telefónicos.
Por la noche del mismo día, funcionarios de la DGCIM detuvieron a Luis Ferrebuz, también integrante de Azul Positivo, en su domicilio.
No fue hasta la mañana del 13 de enero de 2021 que la abogada Elida Ortiz pudo obtener la confirmación de que los seis miembros de Azul Positivo estaban detenidos en la sede de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) – Zulia y que se encontraban siendo investigados bajo la jurisdicción militar. Sin embargo, las autoridades han denegado a los abogados el acceso a los detenidos.
Miguel Guerra Raydan, el chófer de Azul Positivo, fue liberado en la mañana del 14 de enero.
Este mismo día, los abogados defensores tuvieron acceso a sus clientes después de que los miembros de Azul Positivo fueran presentados ante los tribunales militares, que declinaron su competencia en el caso. El caso fue entonces asignado al Tribunal 4 de control del estado Zulia, el cual dictó medida preventiva privativa de libertad para los 5 trabajadores humanitarios de Azul Positivo. El Tribunal decidió llevarlos a juicio, acusándolos de “manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos”, “asociación para delinquir” y “legitimación de capitales”, en relación con un programa de transferencia de dinero que Azul Positivo estaba manejando en un barrio de Maracaibo donde viven comunidades socioeconómicamente vulnerables. Los cinco defensores permanecen bajo custodia en la sede del DGCIM en Maracaibo.
El Observatorio manifiesta su más alta preocupación por la detención arbitraria de Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz, así como por el hostigamiento a organizaciones que llevan a cabo un trabajo de acción humanitaria en Venezuela.
El Observatorio destaca que la criminalización de los integrantes de Azul Positivo se enmarca en un contexto de una política sistemática de estigmatización, persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en el país, que, como el Observatorio denunció en su informe publicado en marzo del 2020, son calificadas por las autoridades del país como “enemigos internos” que buscan desestabilizar la nación.
El Observatorio urge a las autoridades venezolanas a liberar de manera inmediata e incondicional a Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz, y a poner fin a todo tipo de hostigamiento, incluido a nivel judicial, en su contra y en contra de todas las personas defensoras de los derechos humanos en Venezuela.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Venezuela urgiéndolas a:
i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, Miguel Guerra Raydan y Luis Ferrebuz;
ii. Liberar inmediata e incondicionalmente a Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz;
iii. Garantizar el acceso a Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, Luis Ferrebuz a los abogados de su elección y a sus familiares;
iv. Velar por que se respeten las garantías del debido proceso y se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo al nivel judicial, en contra de Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, Miguel Guerra Raydan y Luis Ferrebuz, y en general, en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela.
Direcciones:
Sr. Nicolás Maduro Moros, Presidente de Venezuela. Twitter: @NicolasMaduro .
Sr. Tarek William Saab, Fiscal General de la República. Email: ministeriopublico@mp.gob.ve; Twitter: @tarekwilliamsaab
Sr. Néstor Luis Reverol, Ministro del Interior, Justicia y Paz. E-mail: mijcudecon@gmail.com
Dr. Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo. E-mail: contacto@defensoria.gob.ve
Sr. Jorge Valero, Embajador de la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU en Ginebra. E-mail: mission.venezuela@ties.itu.int
Sra. Claudia Salerno Caldera, Embajada de Venezuela en Bruselas. E-mail: embve.bebrs@mppre.gob.ve
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Venezuela en sus respectivos países.
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Ginebra-Paris, 19 de enero de 2020
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. FIDH y OMCT son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
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