Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información de fuentes fidedignas sobre la criminalización de Patrizzia Latini y de Luis Francisco Cabezas, administradora y directorgeneralde la Asociación Civil Convite (Convite A.C.), respectivamente, así como del allanamiento de la sede de la organización, en represalia por su defensa del derecho a la salud de los adultos mayores.
Según la información recibida, el 15 de diciembre de 2020, a las dos de la tarde, seis funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se apersonaron a la sede de Convite con una orden de allanamiento por supuestos delitos asociados al terrorismo. La orden había sido expedida por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional.
De acuerdo con la misma información, los funcionarios de las FAES indicaron a la membresía de Convite que estaban en búsqueda de armamento, explosivos o cualquier otro material que pudiera asociarse a acciones terroristas. Asimismo, asignaron a un testigo civil que estuvo presente a lo largo de todo el procedimiento de allanamiento. Sin embargo, no permitieron la entrada de Francelia Ruiz, directora de proyectos de Convite, ni de los abogados de la organización, quienes se habían presentado a la sede de Convite y debidamente identificado para supervisar el allanamiento.
Los agentes de las FAES requisaron tres ordenadores de escritorio, tres ordenadores portátiles y documentos administrativos y financieros de Convite, incluidos recibos de pago, información de nómina, facturas de proveedores y listas de beneficiarios de un programa implementado por la organización.
Posteriormente, los funcionarios de las FAES obligaron a Francelia Ruiz a cerrar la sede de la oficina, la cual estuvo bajo vigilancia de una camioneta sin matrícula en las horas posteriores al allanamiento.
Los agentes solicitaron a Patrizzia Latini y Luis Francisco Cabezas su traslado al comando de La Quebradita (Distrito Capital) para una entrevista, sin ser informados de ninguna investigación en su contra. Ambos defensores fueron interrogados durante dos horas y media, sin presencia de sus abogados, sobre el origen de los fondos de Convite, sus proyectos, organizaciones con las que trabajan y personas colaboradoras con la organización.
Luis Francisco Cabezas y Patrizzia Latini fueron obligados a firmar un acta sobre las declaraciones, así como un acta sobre el allanamiento, que se encontraba en blanco. Los funcionarios de las FAES no les proporcionaron copias de las actas ni tampoco les permitieron tomar fotografías. Posteriormente, dejaron que ambos defensores salieran de la sede de las FAES, aproximadamente a las 6 de la tarde.
El Observatorio destaca, además, que Luis Francisco Cabezas fue intimidado en reiteradas ocasiones por los funcionarios de las FAES, quienes le dijeron que estaba “complicando las cosas” porque había solicitado, a través de las redes sociales, a periodistas y defensores de derechos humanos que se presentaran a la sede de la organización para documentar el allanamiento.
Días antes al allanamiento de la sede de la organización, un lote de ayuda humanitaria expedido por Convite fue requisado. Asimismo, la página web de la organización ha sido atacada en diversas ocasiones.
El Observatorio rechaza contundentemente el allanamiento de la sede de Convite, así como la criminalización de su membresía, y muestra su más alta preocupación por la equiparación del derecho a defender derechos humanos de manera pacífica con actos terroristas, como estrategia para deslegitimar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos en Venezuela.
Asimismo, el Observatorio destaca que el hostigamiento contra Convite se produce en un contexto de una política sistemática de estigmatización, persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, que, como el Observatorio denunció en su informe publicado en marzo del 2020,son calificadas por las autoridades del país como “enemigos internos” que buscan desestabilizar la nación.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Venezuelaurgiéndolas a:
i. Tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Patrizzia Latini y Luis Francisco Cabezas, de la membresía de Convite y de todas las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela;
ii. Velar por que se respeten las garantías del debido proceso y se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo a nivel judicial, en contra de Patrizzia Latini y Luis Francisco Cabrzas y, en general, en contra de todas las personas defensoras de los derechos humanos en Venezuela.
Direcciones:
Sr. Nicolás Maduro Moros, Presidente de Venezuela. Twitter: @NicolasMaduro .
Sr. Tarek William Saab, Fiscal General de la República. E-mail: ministeriopublico@mp.gob.ve; Twitter: @tarekwilliamsaab
Sr. Néstor Luis Reverol, Ministro del Interior, Justicia y Paz. E-mail: mijcudecon@gmail.com
Dr. Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo. E-mail: contacto@defensoria.gob.ve
Sr. Jorge Valero, Embajador de la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU en Ginebra. E-mail: mission.venezuela@ties.itu.int
Sra. Claudia Salerno Caldera, Embajada de Venezuela en Bruselas. E-mail: embve.bebrs@mppre.gob.ve
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Venezuelaen sus respectivos países.
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Ginebra-Paris, 21 de diciembrede 2020
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
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