Venezuela: Amenazas en contra de la Sra. Ruth Pérez y ejecución extrajudicial de su sobrino

07/11/2019
Llamado urgente

VEN 004 / 1119 / OBS 089
Ejecución extrajudicial / Allanamiento ilegal /
Actos de intimidación/ Amenazas/
Venezuela
7 de noviembre de 2019
 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Venezuela.

Descripción de la situación:
 
El Observatorio ha recibido información del Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) sobre los actos de intimidación contra la Sra. Ruth Noreika Pérez Chávez, lideresa social y comunitaria y quien perteneció al Consejo Comunal [1] de la parroquia de Petare, ubicada en el Municipio Sucre del Estado Miranda, quien defiende derechos básicos como el derecho a la alimentación y el acceso al agua y a la luz. Igualmente, ha denunciado violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de la Policía en su localidad.

Según la información recibida, el 1 de noviembre de 2019, aproximadamente a la 1 de la madrugada integrantes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) adscritas a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) hicieron un allanamiento ilegal a la residencia de la Sra. Ruth Pérez y su familia que se extendió durante varias horas. Durante el allanamiento los agentes amenazaron y golpearon a quienes se encontraban presentes y detuvieron arbitrariamente al joven Johander Javier Arai Pérez, sobrino de la Sra. Ruth Pérez. Luego de que los residentes escucharan varios disparos, el cuerpo del joven Johander se encontró sin vida en la parte baja del edificio, lo que permite suponer que se trataría de una ejecución extrajudicial a manos de los agentes de las FAES. Además, como consecuencia del operativo y de las amenazas sufridas, la salud de la madre de la Sra. Ruth Pérez se vio seriamente afectada por lo que tuvo que ser trasladada e ingresada en el hospital más cercano de la localidad.

Según la misma información, estos hechos hacen parte de un conjunto sistemático de agresiones y ataques, mediante frecuentes allanamientos ilegales, actos de intimidación y amenaza e incluso la ejecución extrajudicial de otros dos de sus familiares (ver antecedentes), situación que ha mantenido a la Sra. Ruth Pérez y su familia en constante desplazamiento interno. Pese a las constantes denuncias realizadas ante el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República y otras autoridades, ninguna de las instituciones ha tomado medida alguna para garantizar su integridad física y psicológica.
 
El Observatorio recuerda que Venezuela atraviesa una profunda crisis de seguridad, con dimensiones económicas, humanitarias y constitucionales en la que defensoras y defensores de derechos humanos han sido objeto de detenciones arbitrarias, ataques y campañas de estigmatización y hostigamiento en su contra. El Observatorio recuerda asimismo que la práctica de ejecuciones extrajudiciales ha alcanzado niveles alarmantes en Venezuela y desde 2012 hasta el mes de junio de 2019 COFAVIC ha registrado un total de 9.960 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 3.684 han tenido lugar únicamente entre 2017 y 2018.
 
El Observatorio repudia enérgicamente los sistemáticos ataques en contra de la Sra. Ruth Pérez y, particularmente la reciente ejecución extrajudicial de su sobrino, y exige a las autoridades venezolanas que movilicen todos los medios necesarios para garantizar la integridad física y psicológica de la Sra. Ruth Pérez y su familia, así como que pongan fin a todo tipo de hostigamiento en su contra.

Antecedentes

En fecha 11 de julio de 2018, fue asesinado el hermano de la Sra. Ruth Pérez, Sr. Jesse Gabriel Pérez Chávez, de 29 años de edad. Los hechos ocurrieron luego de que una comisión de funcionarios de la PNB, algunos de ellos con identificación de las FAES, allanaran de manera violenta y sin orden judicial el edificio en donde reside la Sra. Ruth Pérez, Edificio “Juana La Avanzadora”, ubicado en la Carretera Petare-Santa Lucía, Kilómetro 9, Sector Zona Industrial-La Pista [2].

El día 3 de abril de 2019, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, un grupo de más de 30 funcionarios de la PNB, algunos de ellos identificados con las siglas FAES, encapuchados y con armas de alto calibre, allanaron nuevamente el edificio en donde reside la defensora, bajo el argumento de perseguir un delincuente. El grupo de funcionarios ingresaron al edificio y en su recorrido por los tres pisos, rompieron cerraduras y puertas, e irrumpieron a los apartamentos sin orden judicial preguntando por la Sra. Ruth Pérez, señalándola de hacer denuncias en su contra. A su paso golpearon a menores de edad, mujeres y adultos mayores, entre quienes se encontraban las hijas de la Sra. Ruth, sus padres, hermanos y sobrinos. La menor, Génesis Pérez Chávez, hija de la Sra. Ruth Pérez, fue obligada junto a otras mujeres a ingresar a una habitación en donde las hicieron desnudar y saltar repetidamente, manifestándoles que por ser “parejas de delincuentes”, tendrían entre sus zonas íntimas, elementos de carácter ilegal introducidos. Luego fueron encerradas en el mismo lugar, y 10 minutos más tarde, al permitirles salir del lugar ya vestidas, las mujeres fueron fotografiadas [3].

El día 30 de mayo de 2019, aproximadamente a las 6 de la mañana, una comisión de funcionarios de la PNB y las FAES, nuevamente allanaron el edificio en donde vive la Sra. Ruth, y en medio de amenazas y golpes a los residentes, se llevaron detenidos a tres jóvenes, dos de ellos sobrinos de la defensora y otro joven habitante del barrio. Las personas residentes en el edificio le comunicaron a Sra. Ruth que durante el operativo preguntaron por ella y enseñaron un video de un medio de comunicación en el que la defensora había denunciado públicamente el asesinato de su hermano, ocurrido en julio de 2018.

El día 14 de agosto de 2019, aproximadamente a las 4 de la tarde, integrantes de las FAES, allanaron sin orden judicial el edificio en donde reside la Sra. Ruth Pérez, y detuvieron ilegalmente a su sobrino, el Sr. Jondry Pérez, de 18 años de edad, quien posteriormente fue ejecutado extrajudicialmente en la parte externa del edificio. En este operativo ilegal, los hombres amenazaron nuevamente a la defensora diciendo que: “vamos a matar a todos los miembros de tu familia y luego te vamos a matar a ti”. [4]

Acción solicitada:
 
Por favor, escriban a las autoridades de Venezuela urgiéndolas a:
 
i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica de la Sra. Ruth Pérez y su familia;
ii. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos ocurridos contra la vida e integridad física y psicológica de la Sra. Ruth Pérez y su familia, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
iii. Poner fin a todo tipo de hostigamiento, en contra de la Sra. Ruth Pérez y su familia, y en general, en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, así como tomar medidas efectivas para poner fin a la existencia de grupos civiles armados que actúan con la aquiescencia de las autoridades; 
iv. Tomar medidas urgentes y contundentes para poner fin a la práctica de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela;
v. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2;
vi. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Venezuela. 
 
Direcciones:
 
 
• Sr. Nicolás Maduro Moros, Presidente de Venezuela. Twitter: @NicolasMaduro.
• Sr. Tarek William Saab, Fiscal General de la República. E-mail: ministeriopublico@mp.gob.ve; Twitter: @tarekwilliamsaab
• Sr. Néstor Luis Reverol, Ministro del Interior, Justicia y Paz. E-mail: mijcudecon@gmail.com
• Dr. Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo. E-mail: contacto@defensoria.gob.ve
• Sr. Jorge Valero, Embajador de la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU en Ginebra. E-mail: mission.venezuela@ties.itu.int
• Sra. Claudia Salerno Caldera, Embajada de Venezuela en Bruselas. E-mail: embve.bebrs@mppre.gob.ve

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Venezuela en sus respectivos países.
 
***
 
Ginebra-Paris, 7 de noviembre de 2019
 
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
 
 
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
● E-mail: Appeals@fidh-omct.org
● Tel. y fax: OMCT: + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29 
● Tel. y fax: FIDH: + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80

[1] Véase Artículo 2 de la Ley de los Consejos Comunales de la República Bolivariana de Venezuela: “Los consejos comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social”.
[2] La investigación sobre esta ejecución extrajudicial está a cargo de la Fiscalía Centésimo Vigésimo Quinta con Competencia en Derechos Humanos.
[3] Este hecho fue denunciado ante la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público y la investigación está a cargo de la Fiscalía Centésimo Vigésimo Séptima con Competencia en Derechos Humanos.
[4] Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Republica, el 16 de agosto de 2019.

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