Consideramos que el pasado viernes 8 de septiembre la situación llegó a su límite cuando las fuerzas de
seguridad del Estado hondureño, tras reprimir con lujo de violencia y detener arbitrariamente a dieciséis integrantes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) que mantenían una manifestación pacífica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras-CU, interceptaron, zarandearon con una grúa y tiraron gases lacrimógenos al interior del bus facilitado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) para que defensores y defensoras de derechos humanos acudieran a observar y documentar la situación. En el bus se encontraban Hedme Castro, directora de la Asociación por una Ciudadania Participativa (Aci-Participa) y Tommy Morales, comunicadora y parte de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras, ASOPODEHU y la Red Nacional de Defensoras de DDHH en Honduras. Ambas defensoras tuvieron que ser hospitalizadas por los efectos en su salud de los gases lacrimógenos y Tommy Morales quedó sujeta a un proceso de judicialización.
El ataque directo contra quienes llevan a cabo la labor de acompañar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos es una expresión del cierre del espacio cívico, la regresión autoritaria y el incumplimiento flagrante de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado de Honduras. Agresiones como esta tienen el objetivo de inhibir la protesta social y la labor de defensa de derechos humanos y allanar el camino para nuevos y más graves actos de represión.
Este ataque no es un hecho aislado, sino solo una expresión más de una progresiva escalada de violencia y
represión contra defensoras de derechos humanos en Honduras que deja a la ciudadanía en una situación de
extrema vulnerabilidad. En tan sólo 3 meses, desde junio de 2017, desde la IM-Defensoras hemos emitido
catorce Alertas Urgentes por agresiones sufridas por mujeres defensoras, sus organizaciones y comunidades: Movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH):
- Agresión, detención arbitraria y criminalización contra las defensoras Hedme Castro y Tommy Morales durante desalojo UNAH (12/09/2017)
- Detención arbitraria con uso excesivo de fuerza contra estudiantes de UNAH (08/09/2017)
- Desalojo policial con violencia al campamento de estudiantes de UNAH en huelga de hambre (16/08/2017)
- Agresión, detención y criminalización a estudiantes de la UNAH-CU durante toma pacífica (17/06/2017)
Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH):
- Criminalización de Miriam Miranda, coordinadora general de OFRANEH (06/09/2017)
- Criminalización de defensoras garífunas del territorio integrantes de OFRANEH (06/08/2017)
- Amenazan con clausurar la Radio Comunitaria Garífuna Waruguma en Trujillo (27/08/2017)
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ):
- Detenciones arbitrarias de defensoras del derecho al agua en Pajuiles (15/08/2017)
- Detención arbitraria de Angélica Recinos e integrantes del campamento Digno por el Agua y por la Vida en Pajuiles (10/08/2017)
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH):
- Atentado contra Bertha Zuniga, hija de Bertha Cáceres y actual coordinadora del COPINH (02/07/2017)
- Criminalización a integrantes de comunidad “La Jarcia”, miembra de COPINH (19/06/2017)
Otras defensoras del territorio:
- Criminalización, difamación y estigmatización contra Dinia Yasmin Sarmiento Suárez y Suany Ibeth Sánchez Argueta de la Empresa Asociativa Campesina Palos Verdes (07/08/2017)
- Detención, trato cruel e inhumano y criminalización contra Cristian Marisol Hernández, defensora en Villa de San Francisco (30/08/2017)
- Amenazas, criminalización y represión contra defensoras del derecho a la salud y el territorio de Villa San
- Francisco (28/08/2017)
La mayoría de estas agresiones han sido perpetradas por agentes del Estado, concretamente por fuerzas de
seguridad, y casi todas incluyen uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y/o judicialización. En los
casos en los que los agresores no fueron agentes estatales, las autoridades correspondientes no hicieron nada para asegurar la seguridad y acceso a la justicia de las defensoras afectadas, ni aplicaron la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Especialmente preocupantes son las agresiones que han sido dirigidas contra defensoras que
anteriormente han sido objeto reiterado de ataques, como en los casos de Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH, o Madeline Martina David, integrante de la misma organización. Cabe recordar que el asesinato de Berta Cáceres vino precedido de una serie de agresiones con un perfil y un patrón no muy diferentes al de Miriam Miranda, quien pese a su reconocimiento internacional sigue siendo objeto de persecución y judicialización como una forma de coartar su ejercicio como defensora.
Todo ello configura un panorama muy preocupante, en el que vemos como pese a los reiterados llamados de
la comunidad internacional para que se respeten los derechos humanos en Honduras, persiste y se afianza la
política activada a partir del Golpe de Estado de 2009 de persecución y represión sistemática contra los movimientos sociales y contra quienes defienden derechos humanos, poniendo muchas veces a las instituciones públicas de seguridad y justicia al servicio de terratenientes o empresas privadas, nacionales o trasnacionales, con el fin de proteger sus intereses económicos en detrimento de los derechos colectivos e individuales de los y las hondureñas.
Para las mujeres defensoras de derechos humanos el panorama es aún más preocupante, pues la discriminación y la violencia de género generan riesgos adicionales para las mujeres activistas, quienes juegan un papel cada vez más preponderante y visible al frente de los diversos movimientos sociales o en la primera línea de las luchas por el territorio. Las mujeres defensoras realizan su trabajo en un contexto de misoginia plasmada en los intolerables índices de femicidio y violencia contra las mujeres, o en las políticas públicas que restringen el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y su sexualidad. Entre 2012 y 2016 la IM-Defensoras ha documentado 1,128 agresiones y 13 asesinatos de defensoras de derechos humanos en el país.
Ante ello, desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de DDHH en Honduras hacemos un
llamado a la opinión pública y a las organizaciones e instancias internacionales de derechos humanos par que mantengan su atención en la situación de Honduras y se unan a la exigencia de que el Estado cumpla con
su obligación de garantizar el derecho a defender derechos y la seguridad e integridad de quienes lo ejercen.
A tal fin es indispensable que el Estado hondureño ponga fin a la impunidad en la que siguen los asesinatos
de mujeres defensoras y asegure el acceso a la justicia de las que han sido víctimas de agresiones; que se
abstenga de difamar y criminalizar a las mujeres defensoras y asegure las condiciones necesaria para fortalecer la participación política de las mujeres y su imprescindible contribución a la justicia y la igualdad.