Hace un año, el 7 de enero de 2018, tras un enfrentamiento entre miembros de la Policía Comunitaria (CRAC-PC) y civiles armados en la comunidad de La Concepción (Estado de Guerrero) que resultó en ocho personas muertas, tuvo lugar un operativo de seguridad incluyendo elementos de la Policía Estatal, Federal y del Ejército, durante el cual tres personas habrían sido ejecutadas de forma extrajudicial y por lo menos 25 fueron detenidas de manera arbitraria, la mayoría de ellas integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP).
Las detenciones arbitrarias se realizaron sin orden de aprehensión bajo el argumento por parte de la Fiscalía General del Estado de que las detenciones se motivaron por la flagrancia de portación de armas y drogas. Sin embargo, la investigación iniciada por estos delitos no prosperó y, a las pocas horas, el 8 de enero se solicitó y otorgó orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado para los imputados. Estas acciones demuestran que el sistema de justicia se utilizó de mala fe para detener a estas personas ya estando en custodia por otro delito que no tuvo fundamento legal ni factico. En la totalidad de los casos se registraron malos tratos y, en por lo menos ocho de ellos, tortura. Adicionalmente, los abogados e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan fueron públicamente difamados por asumir su representación jurídica.
A más de un año de su detención arbitraria, el defensor de derechos humanos Marco Antonio Suástegui Muñoz y otros 16 integrantes del CECOP y la Policía Comunitaria aún se encuentran privados de su libertad.
A pesar de las pruebas existentes que demuestran que varias de las personas detenidas no se encontraban en el lugar de los hechos y que varios de ellos fueron torturados, la autoridad judicial hasta ahora no ha valorado en su justa dimensión las pruebas y testimonios de los acusados, ni ha investigado los hechos de tortura y graves violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
Nos preocupa gravemente que las circunstancias en las que ocurrieron estas violaciones a derechos humanos se relacionan con el trabajo de defensa de derechos de los pueblos indígenas del CECOP y la CRAC-PC, particularmente como la enésima forma de represalia por su labor de defensa de los derechos relacionados con la tierra y el territorio frente a un proyecto hidroeléctrico que amenaza los medios de subsistencia y la seguridad de las comunidades.
Nuestras organizaciones reiteran su preocupación por el mantenimiento de un patrón de criminalización en México que busca tratar de acallar las voces de las personas defensoras de derechos humanos, un patrón que ha sido también corroborado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas que en los últimos años ha emitido 8 Opiniones en las que declaraba la detención de 32 personas defensoras como arbitraria y exigía su liberación inmediata.
Mañana 6 de febrero tendrá lugar en el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares una audiencia intermedia en el proceso en su contra en la que se expondrán las pruebas y el juez decidirá cuáles sustentarán la etapa de juicio oral. Se trata de una audiencia clave puesto que se decidirá si las pruebas obtenidas bajo tortura y otras pruebas que también han sido desacreditadas por la defensa serán tomadas en cuenta, por lo que esta audiencia podría implicar que no quedara materia para el juicio y que las 17 personas defensoras fueran liberadas.
Por todo los anterior, nuestras organizaciones demandan que se ponga fin a la detención arbitraria de Marco Antonio Suástegui Muñoz y los otros 16 integrantes del CECOP y la Policía Comunitaria. Además, exigimos que se inicie una investigación independiente e imparcial sobre las graves violaciones de derechos humanos que se han reportado incluyendo el uso indebido del derecho penal, así como las alegaciones de tortura y malos tratos y de ejecuciones extrajudiciales.