· Juan Ontiveros Ramos fue secuestrado y posteriormente asesinado tras participar días antes en reuniones oficiales para exigir protección a la comunidad.
· Este nuevo asesinato se da quince días después del de Isidro Baldenegro, mismo que fue repudiado por el relator de personas defensoras de derechos humanos de la ONU, Michel Forst.
· Exigimos a las autoridades que tomen las medidas correspondientes para investigar los hechos y garantizar la seguridad de la comunidad de Choréachi y llamamos a la sociedad civil a firmar la Acción Urgente en línea.
2 de febrero de 2017. Las personas y organizaciones que firmamos el presente comunicado expresamos nuestra indignación y preocupación por el inaceptable secuestro y posterior asesinato de Juan Ontiveros Ramos, parte de la comunidad indígena de Choréachi que defiende su territorio ancestral. Este asesinato es una muestra de la inacción del Estado mexicano ante la vulnerabilidad de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, por lo que exigimos que de inmediato se tomen medidas que garanticen una investigación oportuna así como la seguridad de las mismas, que permitan el retorno de las familias desplazadas y garanticen su derecho a defender los derechos humanos.
La comunidad indígena de Choréachi, ubicada en el Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, ha informado el 31 de enero del secuestro y el 1 de febrero del asesinato de Juan Ontiveros Ramos, reconocido líder indígena de la localidad. Días antes de ser asesinado (el 20 de enero), el defensor –y comisariado de policía de la comunidad- estuvo en una reunión con integrantes de Alianza Sierra Madre, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, personal de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con otras autoridades, discutiendo en dos mesas de análisis la situación de seguridad y el conflicto territorial agrario de la comunidad. Cabe destacar que también ofreció su testimonio de la problemática local en un video que se entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una reunión de implementación de medidas cautelares en octubre de 2015.
Todo esto ocurre en un contexto de violencia contra las personas defensoras en la región, toda vez que ocurre quince días después del asesinato del defensor de derechos humanos Isidro Baldenegro, Premio Goldman, mismo que fue condenado al más alto nivel por el Sr. Michel Forst, Relator Especial de la ONU para la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, en su reciente visita a nuestro país. Ambos casos son acompañados por la organización Alianza Sierra Madre que forma parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
En su informe de cierre de misión de 24 de enero, el Relator Forst señaló lo siguiente:
“Durante mi visita a Chihuahua, me familiaricé con la situación que enfrentan las y los defensores de derechos humanos que protegen los derechos de la población indígena Rarámuri, en particular los riesgos originados por el crimen organizado y la falta de protección por parte de las autoridades.” Por tales motivos, el experto “Llam[ó] a las autoridades federales y estatales a asegurarse de que se investiguen debidamente todos los delitos contra los defensores de los derechos de los pueblos de la Sierra Tarahumara.” Las organizaciones firmantes del presente comunicado hacemos nuestro el llamado de Michel Forst y urgimos a las autoridades estatales y federales a actuar en consecuencia.
Las agresiones hacia la comunidad Choréachi y la ocupación de su territorio por grupos de delincuencia organizada, son un problema sin resolver de mucho tiempo. Desde hace años ya se había denunciado como una situación de emergencia, cuando el 20 de febrero de 2014 varias organizaciones de la región enviaron una solicitud de medidas cautelares a la CIDH por el caso de Prudencio Ramos Ramos y Ángela Ayala Ramos y sus respectivos núcleos familiares, mismas que fueron otorgadas para preservar su vida y para que pudiesen realizar su labor de defensa de derechos humanos sin ser objeto de violencia.
Estas medidas siguen sin materializarse efectivamente, lo cual redunda en la impunidad y falta de procesamiento de los crímenes contra los defensores del territorio en la Sierra Tarahumara, y en el estado de Chihuahua, siendo éste el que tiene mayor número medidas cautelares otorgadas a personas defensoras de derechos humanos en México. Es importante mencionar que no es la primera vez que cuando se denuncia la problemática, viene como consecuencia la amenaza: como prueba en 2013 después de la denuncia ante instancias internacionales, una de las principales denunciantes de la situación en la comunidad no pudo regresar a su comunidad porque los agresores se enteraron de ello y le amenazaron seriamente. Al día de hoy, continúa desplazada de manera forzada.
Por ello las organizaciones que firmamos el presente comunicado urgimos a que no vuelva a cometerse ni un crimen más en contra del pueblo rarámuri. También nos solidarizamos con los familiares de Juan Ontiveros Ramos y la comunidad de Choréachi, exigimos acciones contundentes por parte del Estado mexicano para hacer justicia en el asesinato de Juan Ontiveros Ramos, así como en los de Jaime Zubías y Socorro Ayala en tanto los agresores podrían estar relacionados con estos hechos.
De la misma manera solicitamos protección efectiva para la comunidad, cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por la CIDH y acciones efectivas por parte de la Secretaría de Gobernación para avanzar decididamente en la alerta preventiva para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como para proteger a la comunidad y resolver la problemática estructural que mantiene a la región en una constante tensión por su territorio.
Igualmente llamamos a la sociedad a firmar en línea la Acción Urgente en favor de la comunidad en la página de la Red TDT ( www.redtdt.org.mx).