Del 9 al 14 de noviembre de 2014, 11 organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo a la FIDH y al OMCT en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, organizaron una Misión de Observación Civil (MOC) a México con la finalidad de analizar la situación en la que se encuentran los defensores de derechos humanos en el país.
La Misión informó que los defensores están sufriendo hostigamiento, calumnias, vigilancia, robo de documentos e información, procedimientos legales injustos, amenazas de muerte e incluso asesinatos y desapariciones forzadas. Además, el marco legal destaca las políticas gubernamentales para promover y proteger derechos humanos bruscamente en contraste con la vulnerabilidad y los riesgos a los que se enfrentan los defensores de derechos humanos en el terreno.
El informe también remarca la extensión de la criminalización a los defensores de derechos humanos, alimentado por una falta de reconocimiento apropiado del trabajo que realizan en la sociedad mexicana. Las protestas legítimas y pacíficas a menudo se muestran como violaciones al derecho, y como consecuencia, numerosos defensores son presentados como agitadores y criminales. Los observadores también notaron que las quejas dirigidas contra los defensores de derechos humanos generalmente tienen un trámite rápido, mientras que las investigaciones son lentas cuando se trata de los actos cometidos en contra de ellos. Esta táctica tiene como objetivo generar miedo y desalentar a la gente que defiende los derechos humanos.
Por otra parte, las mujeres defensoras de derechos humanos informaron de la extrema vulnerabilidad en la que están inmersas, y han denunciado las medidas de seguridad y protección que no son ni operacionales ni apropiadas para ellas.
El capítulo final del informe recoge los factores que contribuyen a la impunidad y evitan que los defensores puedan realizar su trabajo: primero y principalmente, un fracaso general de investigar efectivamente y enjuiciar a los perpetradores que ponen su labor y su integridad psicológica y física en riesgo. Numerosos defensores han expresado una desconfianza clara en las autoridades y en las leyes.
El informe concluye con una serie de recomendaciones concretas dirigidas a mejorar la protección de los defensores de derechos humanos en México.
El documento está disponible en el siguiente enlace.