Roque Coca Gómez, estuvo procesado bajo la causa penal federal 30/2015 del Juzgado Tercero de Distrito y fue absuelto por resolución de tribunal colegiado. Se teme que alguna maniobra judicial haya generado una orden de reaprehensión, pues el defensor forma parte de los 25 activistas detenidos el 7 de junio de 2015 —por los cuales el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas emitió la Opinión 17/2016 (aprobada el 26 de abril de 2016, en el 75° periodo de sesiones), calificando como arbitraria la detención—y que exista la posibilidad de que esto sea un anuncio de nuevas detenciones contra participantes del movimiento social de Oaxaca.
La detención de Roque Coca Gómez se da en un contexto de creciente violencia del Estado contra defensoras y defensores de derechos humanos. En febrero pasado fueron asesinados tres integrantes del Comité de Defensa de Derechos Indígenas, en una emboscada después de acudir a una reunión gubernamental [1]; durante el presente año se han documentado al menos cuatro allanamientos a domicilios de activistas, sin fines de robo; a principios de marzo, servidores públicos rociaron con ácido a participantes en una manifestación [2]; también ha aumentado el hostigamiento mediante vigilancia con drones, espionaje, inicio de procesos judiciales, órdenes de aprehensión y difamación en contra de quienes conforman el movimiento social de Oaxaca.
El aumento en las agresiones a defensoras y defensores muestra una clara relación con la puesta en marcha de las reformas estructurales del gobierno federal, lo que hace notar que los ataques forman parte de una política sistemática. A la par, el Estado se ha negado sistemáticamente a investigar y sancionar las agresiones a defensoras y defensores, tanto en el sistema jurisdiccional como en el no jurisdiccional. En los últimos meses, la Fiscalía General del Estado ha comenzado a notificar a personas defensoras la reserva o el archivo de sus expedientes, lo que implica la no judicialización de los casos.
También en los últimos meses ha sido sistemática la negativa de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y del gobierno del estado para establecer medidas de protección a personas defensoras bajo riesgo.
En razón de lo anterior, organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional solicitamos:
· La libertad inmediata e incondicional de Roque Coca Gómez y el establecimiento de las responsabilidades penales que correspondan a los servidores públicos que estén implicados en ella.
· Garantizar el efectivo cumplimiento de la Opinión 17/2016 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas.
· Cesar el hostigamiento al movimiento social oaxaqueño, y establecer garantías para el ejercicio de la disidencia y de la protesta social.
· Garantizar la protección necesaria a las personas defensoras de derechos humanos, obligación gubernamental conforme a los distintos instrumentos ratificados por el Estado.