El pasado 6 de marzo, aproximadamente 100 internos del CEFERESO nº 2 de El Salto, Estado de Jalisco, incluyendo a los defensores de derechos humanos Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña, iniciaron una huelga de hambre como protesta por los actos de tortura y malos tratos a los que los presos de esta cárcel de máxima seguridad son sometidos de forma constante y sistemática.
Los internos denuncian las condiciones de detención, que incluyen entre otros hechos preocupantes 22 horas al día en una celda de menos de 2x3,5 metros, castigos consistentes en la privación de bajar al área de comidas por periodos de hasta 30 días, visitas denegadas de forma arbitraria o la dilación y denegación del tratamiento médico con la consiguiente afectación al derecho a la salud. Además, se ha podido documentar la dilación en la transmisión de la correspondencia de los internos por periodos de más de 30 días y la retención de correspondencia jurídica como por ejemplo la promoción de amparos judiciales, lo cual afecta a su derecho a una defensa legal.
Los internos denuncian asimismo actos de tortura y malos tratos en su contra mediante la obligación de mantenerse en posiciones forzadas de manera prolongada y mediante revisiones exhaustivas humillantes en las que son obligados a desnudarse. Además, los malos tratos también han impactado en los visitantes, puesto que se han registrado numerosas situaciones de privación de la posibilidad de tomar agua así como de revisiones degradantes a las personas visitante en las que tienen que desnudarse e incluso cambia de toalla sanitaria en público antes de poder encontrarse con los internos, a pesar de haber sido previamente sometidas a distintos métodos de láser y seguridad para verificar que no portaban nada indebido.
La situación se ha agravado desde la recién entrada en función de los Sres. José Vélez Laredo como nuevo director del CEFERESO y del General Salvador Camacho Aguirre como Coordinador General de los Penales de Mediana y Alta Seguridad, cuyo nombramiento ha sido además recibido con preocupación por algunas organizaciones de la sociedad civil por sus antecedentes de uso excesivo de la fuerza desde la Policía Federal en los casos de Tanhuato y Nochixtlán.
Desde 2015, los dos defensores de derechos humanos han presentado diversas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la comunidad internacional, así como amparos judiciales denunciando la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que han sido sometidos de forma constante y sistemática en el penal de máxima seguridad. Tanto Damián Gallardo como Enrique Guerrero han dado positivo en la aplicación del Protocolo de Estambul[2] para documentación de la tortura que les ha sido realizado y Enrique Guerrero ganó un amparo judicial que le protege a efectos de no repetición. Sin embargo, estas acciones han sido respondidas con una completa inacción por parte de la Dirección del CEFERESO nº 2, del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que administra las prisiones, así como de la CNDH que, tres años y medio después, aún no ha emitido ninguna recomendación.
En una reciente visita el 6 de febrero de 2017, una misión del Observatorio y del Consorcio Oaxaca pudo verificar que tanto Damián Gallardo como Enrique Guerrero mantienen problemas de salud en conexión con la tortura que han experimentado[3], tal y como denunciaron las organizaciones en su comunicado de fin de misión[4].
El Observatorio y el Consorcio Oaxaca reclaman una inmediata reacción de las autoridades mexicanas incluyendo la CNDH para garantizar la integridad física y psicológica de todos los internos del CEFERESO 2 y, especialmente, de los defensores de derechos humanos Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero, incluyendo a través de la adopción de medidas de protección del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas. Además, nuestras organizaciones exigen una investigación independiente e imparcial que asegure la sanción de todas las personas responsables de estos actos de tortura y malos tratos.
El Observatorio y el Consorcio Oaxaca reclaman finalmente la inmediata liberación de Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños Rodríguez, así como de todos los otros defensores detenidos arbitrariamente con el objetivo de sancionar su trabajo en defensa de los derechos humanos, y denuncian más generalmente que situaciones como esta evidencian la necesidad de que se adopte urgentemente una Ley General Contra la Tortura que cumpla con los estándares internacionales.
Antecedentes:
Damián Gallardo y Enrique Guerrero se cuentan entre los beneficiarios de recientes opiniones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) que declaran arbitrarias las detenciones de cinco personas defensoras de derechos humanos[5]. Ninguna de las cinco opiniones ha sido implementada tal y como resaltó recientemente en el informe preliminar de su visita a México el Relator de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos Humanos, el Sr. Michel Forst. En los cinco casos se puede verificar un mismo patrón de detención, no existieron ordenes de aprehensión, fueron sometidos a actos de tortura y/o malos tratos , así como a diversas violaciones al debido proceso tal y como denuncia el informe conjunto “Detenciones arbitrarias e ilegales – Criminalización: Una política de Estado para inhibir la defensa de los derechos humanos en México”[6], publicado en diciembre de 2016. Más de tres años y medio después de la detención arbitraria de Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña y Librado Baños Rodríguez, los tres procesos sigan en fase de instrucción en medio de un cúmulo de irregularidades y violaciones al debido proceso.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
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[1] Consorcio Oaxacaes una organización civil feminista que promueve el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.
[2] El Protocolo de Estambul es una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún mal trato
[3] El Sr. Enrique Guerrero sufre de un tic nervioso y de daños debido a la dislocación de su dedo pulgar durante el interrogatorio mientras que el Sr. Damián Gallardo sufre de una lesión en un pie y ambos mantienen daños psicológicos como víctimas de tortura y/o malos tratos. Ambos han visto denegado su derecho a recibir tratamiento médico adecuado.
[4] Véase comunicado conjunto del Observatorio y Consorcio Oaxaca con fecha de 8 de febrero: México: Conclusiones de misión internacional - ¡Tres defensores detenidos arbitrariamente desde más de 3 años deben ser liberados!. Disponible aquí: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/mexico/2017/02/d24204/
[5] Las otras tres personas defensoras arbitrariamente detenidas fueron el Sr. Librado Baños Rodríguez, la Sra. Nestora Salgado y el Sr. Pedro Canché. El Sr. Librado Baños permanence encarcelado en en el Penal de Ixcotel, Estado de Oaxaca, mientras que las otras dos personas defensoras de derechos humanos fueron liberadas pero están aún a la espera de recibir la debida reparación integral por los daños sufridos. En el caso de Nestora Salgado sigue siendo perseguida y criminalizada.
[6] El informe está disponible para su descarga en las webs de la OMCT, de la FIDHy del Consorcio Oaxaca.