El 25 de abril de 2017, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió la Opinión No. 23/2017, calificando de arbitraria la privación de libertad del Sr. Pablo López Alavéz, reconociendo que el motivo de su detención es su legitima actividad en defensa de los derechos de la tierra, de los recursos naturales y de los pueblos indígenas, liderando desde hace 20 años la defensa de los bosques en San Miguel y San Isidro Aloapam, Oaxaca, en contra de programas de deforestación.
El Sr. López Alavéz fue detenido arbitrariamente el 15 agosto de 2010 en Ixtlán de Juárez en Oaxaca, interceptado por una camioneta, de la cual se bajaron 15 hombres armados, que, sin identificarse, ni presentar orden judicial, se lo llevaron y lo desaparecieron hasta el día siguiente, en el que se supo que eran agentes del estado y que el Sr. López se encontraba en prisión. El auto formal de prisión fue dictado en diciembre de 2010 después de llevar detenido varios meses. A la fecha, el Sr. López Alavéz sigue en prisión sin tener sentencia y su proceso penal aún sigue en fase de instrucción, vulnerando su derecho al debido proceso, a la defensa y a la libertad individual.
El Observatorio quisiera recordar que en 2000 el Sr. López Alavéz ya había sido privado de su libertad en represalias a su actividad de defensa de derechos humanos y liberado por un amparo.
“El Sr. López Alavéz fue arrestado de forma ilegal sin orden de aprehensión y encarcelado por un delito que no cometió. En México, y en específico en Oaxaca, numerosos defensores fueron sujetos a un mismo patrón que incluye diferentes formas de tortura y malos tratos, incomunicación o desaparición antes de su presentación, amenazas, violaciones al debido proceso y falta de independencia del poder judicial al calificar como legales dichas detenciones.”
La ONU destacó que este caso demuestra un patrón de violaciones en contra de personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca, refiriéndose a las opiniones emitidas anteriormente relativas a Damián Gallardo Martínez y Librado Jacinto Baños Rodríguez, ambos defensores de derechos humanos oaxaqueños que aún están detenidos, y 25integrantes del movimiento social oaxaqueño, detenidos en 2015luego de participar en una manifestación pública [1].
El Observatorio comparte plenamente las preocupaciones de la ONU en cuanto al patrón de criminalización de la protesta social que busca inhibir la defensa de los derechos humanos en el país y se traduce en una serie de violaciones al Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos ratificado por México [2].
“El Estado mexicano debe liberar inmediatamente el Sr. López Alavéz y garantizarle una reparación integral en conformidad con la Opinión. La falta de cumplimiento de México de varios dictámenes de Naciones Unidas pone claramente en cuestión su compromiso con la comunidad internacional en materia de derechos humanos.”
En virtud de lo anterior, y en el contexto de la próxima resolución en sentencia del caso de López Alavéz, exigimos que el Estado mexicano cumpla de forma integral las diversas recomendaciones contenidas en la opinión emitida a su favor en el sentido de su inmediata liberación y de la reparación integral del daño.
De la misma manera, exigimos que se cumplan todas las opiniones del Grupo de Trabajo de la ONU emitidas entre 2014 y 2016, opiniones que deben redundar en la liberación inmediata de todas las personas defensoras que continúan arbitrariamente detenidas [3], así como en la adecuada reparación a las violaciones de derechos humanos sufridas.
Finalmente, el Observatorio muestra su preocupación por la seguridad del defensor Sr. Pablo López Alavéz, así como por la de la defensora de derechos humanos y esposa del defensor, Yolanda Pérez Cruz y la de su familia. Preocupa pparticularmente el contexto de incidentes sufridos en el domicilio de la defensora así como de las protestas y amenazas por parte de algunos comuneros de San Miguel Aloapam que se están movilizando en contra de la liberación del Sr. López Alavéz y que, entre otras cosas, impidieron que la Sra. Pérez Cruz pudiera acceder al penal para asistir a una audiencia celebrada el pasado 18 de agosto.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu , el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
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