Ya el día 17 de marzo de 2016, varias organizaciones enviaron una carta abierta conjunta al Presidente Enrique Peña Nieto para expresarle nuestra profunda preocupación frente a la campaña de desprestigio y difamación puesta en marcha contra integrantes de organizaciones de derechos humanos en el país, instándole a condenar de manera pública dichos actos de desprestigio y difamación.
El Observatorio lamenta que después de un mes, el silencio de las autoridades continuó, a pesar de una intensificación sin precedentes de graves acusaciones en contra de organizaciones mexicanas de derechos humanos y de mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos.
En los últimos días cabe destacar la multiplicación de artículos de prensa en el Milenio y LetraRoja que acusan a organizaciones de derechos humanos de ser “arma que defiende al crimen organizado”, “una mafia amparada en los derechos humanos para amasar fortunas a cambio de liberar a los peores criminales”. Se le acusa tambide pesos sin darle nada a las victimas Ayotzinapa, para én a las organizaciones de ser una “mafia incrustada con el poder” que opera fabricando pruebas de “supuesta tortura y violaciones de derechos humanos” en casos emblemáticos, como el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para cobrar millones de pesos sin darle nada a las víctimas.
Entre las organizaciones e instituciones acusadas hay la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre los miembros y ex miembros de dichas organizaciones explícitamente mencionados se encuentran el Sr. José Antonio Guevara, la Sra. Alejandra Nuño, miembros del Consejo Directivo de la CMDPDH y el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura de las Naciones Unidas Sr. Juan E. Méndez.
En este marco, el Observatorio rechaza también la denuncia interpuesta contra el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Sr. Emilio Álvarez Icaza Longoria, por un presunto delito de fraude en prejuicio del Estado mexicano, en relación con el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que había señalado, el 6 de septiembre de 2015, irregularidades e inconsistencias en la investigación sobre las 43 desapariciones de Ayotzinapa1. Cabe destacar que los expertos miembros del GIEI han sido también objeto de una campaña nacional de desprestigio muy intensa en los últimos meses.
El Observatorio teme asimismo que esta campaña de difamación y desprestigio se intensifique por las graves y recientes revelaciones del 14 de abril de la CNDH sobre que policías municipales de Huitzuco (Guerrero) y dos elementos de la Policía Federal (PF) participaron en la desaparición de uno de los camiones donde viajaba un grupo de 15-20 de los 43 desaparecidos.
"Nuestras organizaciones condenan de la manera más categórica la continua campaña de desprestigio y difamación que sigue intensificando en el silencio total de las instituciones mexicanas. Nos preocupa particularmente la situación puesto que dichas acusaciones pueden poner en riesgo la seguridad, y la integridad psicológica y física de todas las personas defensoras de derechos humanos en el país”, señalaron las organizaciones.
El Observatorio urge las autoridades mexicanas a que se pronuncien públicamente en contra de la intensa campaña de desprestigio arriba mencionada, y que más en general reconozcan sin lugar a dudas la legitimidad de toda la labor en defensa de los derechos humanos, a nivel nacional, regional e internacional.