El informe "Defensoras de Derechos Humanos en la mira: Desafíos para su protección integral en Oaxaca“ [1] publicado el pasado 10 de diciembre por el Consorcio Oaxaca y la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca (Red de Oaxaca) alerta sobre la grave situación para las defensoras de derechos humanos en el Estado de Oaxaca que han visto como el número de ataques en su contra ha aumentado un 300% en 3 años, pasando de 48 en 2012, a 117 en 2013, a 172 en 2014 y a 189 en 2015.
Las defensoras del derecho a la tierra y el territorio, las defensoras de los derechos a la participación política y comunitaria de las mujeres y las defensoras del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son quienes han sufrido el mayor número de ataques y siguen enfrentándose a discriminación y riesgos de particular gravedad sobre todo en contextos comunitarios particularmente marcados por la impunidad. Una nueva tendencia de gran preocupación documentada en el 2015 es la criminalización y ataques a las defensoras del derecho a la educación y derechos laborales de las y los trabajadores de la educación.
Los ataques que fueron registrados con mayor frecuencia fueron en primer lugar la intimidación y el hostigamiento psicológico, en segundo lugar la calumnia, el señalamiento y las campañas de desprestigio y, en tercer lugar, las amenazas, advertencias y ultimátums. En más del 30% de los casos, los ataques fueron perpetrados por autoridades públicas en un contexto de militarización y criminalización del movimiento social, magisterial y popular oaxaqueño.
Nuestras organizaciones muestran su preocupación en particular por los ataques específicos que sufren las defensoras, de forma diferenciada a los defensores varones por su condición de género, y que representan una tercera parte de los mismos. Estos ataques incluyen el acoso sexual, las amenazas y agresiones a familiares y la descalificación a las defensoras en sus roles de género aludiendo a su vida sexual.
En este contexto, nuestras organizaciones reclaman a las autoridades federales y estatales que tomen medidas urgentes para garantizar la protección efectiva de las defensoras de derechos humanos y a erradicar de manera urgente la impunidad sistemática para los autores materiales e intelectuales de estos ataques que ha convertido la defensa de los derechos humanos en una actividad de alto riesgo. Resulta especialmente alarmante la constatación de que la mitad de las defensoras agredidas estaban bajo la protección del gobierno en el momento de sufrir el ataque, lo cual demuestra la inaceptable ineficacia, dilación y omisión en la implementación de las medidas cautelares en favor de defensoras de los derechos humanos.