El pasado 22 de febrero, la Jueza Duodécima de Primera Instancia de Delitos Penales, contra el Ambiente y Narcoactividad de la ciudad de Guatemala, Carmen Toastern Medina, llamó a juicio al Sr. Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC) y dirigente histórico del campesinado guatemalteco, por los delitos de calumnia e injuria ante una denuncia presentada por el Presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, en el año 2013.
El Sr. Daniel Pascual fue víctima de un atentado en San Juan Sacatepéquez el 25 de enero de 2013 por hombres que argumentaban que él era el responsable de los conflictos en la región. Después del ataque el Sr. Pascual había señalado que el Sr. Mendez Ruiz había publicado artículos de opinión difamatorios sobre su actividad en defensa de los derechos humanos, que habrían contribuido a crear un clima hostil en su contra.
De manera similar, el día 26 de enero de 2016, el Sr. Méndez Ruiz presentó una querella penal por “constituir un grupo que se enmarca en el concepto de crimen organizado” en contra de otros tres defensores, el Sr. Pedro Rafael Maldonado Flores, Director del Centro de Acción Legal Social Ambiental de Guatemala (CALAS), el Sr. Ramón Cadena Rámila, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, y el Sr. Miguel Morth, un consultor que contribuye con el Bufete de Derechos Humanos.
El Observatorio denuncia las anomalías en el procedimiento judicial por haber obviado la formación de un Tribunal de Imprenta como paso previo a la apertura del proceso, lo cual implica una voluntad de acelerar el proceso de criminalización en contra del defensor Daniel Pascual. Es la segunda ocasión en que la justicia guatemalteca realiza este tipo de acto en un caso contra defensores y defensoras de derechos humanos. La misma situación se produjo en el procedimiento que trató de impulsar la empresa Cementos Progreso en contra de la Sra. Francisca Gómez, y que fue anulado luego de un amparo ante la Corte Suprema de Justicia en el 2015.
El Observatorio ha venido denunciando que en Guatemala los defensores y las defensoras del derecho a la tierra, de los derechos de los pueblos indígenas y los líderes comunitarios trabajan en condiciones de extrema vulnerabilidad, ante la situación de violencia y criminalización que enfrentan al denunciar los impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente vinculados con las actividades de las empresas hidroeléctricas y extractoras[1]. Asimismo, en Guatemala existe un cuadro persistente de denegación de justicia para los defensores y defensoras de derechos humanos. Se destaca la celeridad con que algunos de los procesos penales iniciados en contra de dichas personas son gestionados y la falta de respuesta ante las demandas presentadas por defensores y defensoras de derechos humanos en la defensa de sus derechos.
Por todo lo anterior, el Observatorio defiende el derecho de Daniel Pascual a emplear su libertad de expresión para defenderse de discursos que buscan deslegitimar las actividades de defensa de los derechos humanos y urge a las autoridades de Guatemala a que absuelvan a Daniel Pascual en un proceso que sea llevado con objetividad por parte del Ministerio Público así como del organismo judicial.
Para más información sobre la criminalización de defensores de derechos humanos en Guatemala y en América Latina ver la infografía del Observatorio, “La criminalización de defensores de derechos humanos en 10 simples pasos”: https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/la-criminalizacion-de-defensores-de-derechos-humanos-en-10-simples
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[1] Ver el Informe del Observatorio ‘ Más pequeños que David. La lucha de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala’, febrero de 2015.