El 14 de abril de 2016, el parlamento debatirá en segunda lectura un proyecto de ley que modifica varias disposiciones de la Ley sobre organizaciones no comerciales. La Comisión de Derechos Humanos y Legislación Constitucional reunida en su vista semanal el 12 de abril aprobó, en menos de un minuto, un texto revisado.
Tres exdiputados propusieron este proyecto de ley por primera vez en 2013 y, en un principio, pretendía imponer la etiqueta de "agente exterior" a todas las ONG que recibiesen financiación del extranjero y que participasen en lo que se consideran "actividades políticas", amplio término de connotaciones negativas. En 2012 se aprobó en Rusia una legislación similar que condujo a la clasificación de más de 120 organizaciones del país como "agentes exteriores" y al cierre de docenas de ellas.
Aunque la nueva versión de la ley ha eliminado la mayor parte del contenido represivo y discriminatorio, las nuevas disposiciones todavía imponen a las organizaciones no comerciales gravosas obligaciones de presentación de informes. Estas disposiciones incumplen la obligación de los Estados de crear el ambiente más propicio posible para la sociedad civil. En primer lugar, son discriminatorias porque imponen unas limitaciones a las asociaciones más estrictas que las que se aplican a las empresas [1].. En segundo lugar, también son contrarias a la normativa internacional de derechos humanos, que exige que todas las restricciones que se impongan sean "necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás". (artículo 22.2 del PIDCP).
"Estas nuevas disposiciones parecen considerar a las ONG como un motivo especial de preocupación para la seguridad nacional, creando así nuevamente un entorno de sospecha hacia la comunidad de ONG. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Kirguistán debe demostrar su compromiso sincero con la promoción y protección de los derechos humanos creando un entorno más propicio para las organizaciones de la sociedad civil".
"Este tratamiento diferenciado entre entidades no comerciales y comerciales no es legítimo, ya que solo pretende reducir el espacio del que dispone la sociedad civil para realizar pacíficamente su trabajo en defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Nuestras organizaciones instan al parlamento de Kirguistán a que rechace el actual proyecto de ley y a que cree el entorno más propicio posible para la sociedad civil, eliminando toda la legislación restrictiva existente".