Nuevas informaciones:
El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre la agresión física y las amenazas por parte de elementos de la policía en contra de integrantes de la organización de defensa de derechos humanos, Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) en el contexto de la violenta represión de una protesta ciudadana en Choluteca, en el sur de Honduras.
Según la información recibida, el 13 de octubre de 2018, al final de una manifestación pacífica [1] que se había desarrollado sin ningún tipo de incidente, elementos de la Policía Nacional agredieron a las y los participantes en la protesta haciendo un uso excesivo de la fuerza, incluyendo el lanzamiento de bombas lacrimógenas. Como consecuencia, varias personas resultaron heridas por los golpes de los toletes o porras y por el lanzamiento de bombas lacrimógenas, algunas de ellas lanzadas directamente contra el cuerpo de las y los manifestantes, incluyendo el defensor de derechos humanos de ACI PARTICIPA, el Sr. Erick Fernando Hernández, quien junto con el resto de integrantes de la organización estaban monitoreando la protesta.
Según las mismas informaciones, la también integrante de ACI PARTICIPA, la Sra. Nivia Vargas, también resultó herida mientras trataba de dialogar con los elementos de la Policía, incluyendo el Sr. Rudery Cruz, subinspector de la Policía Nacional a cargo de la operación por órdenes del Subcomisionado de Policía, el Sr. Rolando Ponce Canales. Cuando la Sra. Vargas se acercó a los policías fue golpeada por varios agentes y como producto de los efectos del gas se desmayó y testigos presenciales vieron como dos agentes trasladaban el cuerpo inconsciente de la Sra. Vargas y lo arrojaban en la puerta de una iglesia en las cercanías.
La Sra. Hedme Castro, Coordinadora General de ACI PARTICIPA, que también estaba presente se dirigió a los agentes de Policía, incluyendo el subinspector Cruz, para denunciar que el actuar de los policías estaba contraviniendo los estándares sobre uso de la fuerza y poniendo en riesgo la integridad física de las y los manifestantes pacíficos. Sin embargo, la respuesta de los elementos de la Policía habría sido de aumentar la represión y acelerar el lanzamiento de bombas lacrimógenas, varias de las cuales alcanzaron los cuerpos de la Sra. Castro y el Sr. Hernández, quien fue encontrado inconsciente en la zona de la protesta y necesitó tratamiento médico urgente. Además, según las mismas informaciones, minutos después de que miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI) se apersonaran en el hospital para obtener información sobre el perfil del Sr. Hernández, un comando de la Policía Militar se estacionó en la entrada de emergencia del hospital en el que estaba siendo atendido, lo que fue percibido como un acto de intimidación.
El Observatorio recuerda que estas agresiones no son hechos aislados, sino que se suman a una larga lista de ataques en conexión con el trabajo de ACI PARTICIPA en Choluteca (ver antecedentes).
El Observatorio quisiera destacar que estos hechos se enmarcan en una campaña sistemática de ataques públicos, verbales y físicos contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Honduras, que se ha visto exacerbada desde la celebración de las elecciones en noviembre de 2017, poniéndolos en una situación de alto riesgo. En este contexto, ACI PARTICIPA, se enfrenta asimismo a una campaña sistemática de ataques, en su mayoría a manos de las fuerzas de seguridad. Preocupa particularmente la fuerte represión que se vive en la región sur de Honduras y, particularmente, en el Departamento de Choluteca en el que las movilizaciones sociales que reivindican mejores condiciones de vida o que denuncian las decenas de concesiones mineras en la región, al menos 89 entre 2013 y 2015, son atajadas con un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
El Observatorio condena enérgicamente la campaña sistemática de ataques en contra de ACI PARTICIPA y, concretamente, las agresiones producidas en Choluteca y hace un llamamiento a que el Estado de Honduras tome medidas concretas urgentemente para asegurar el respeto del derecho a defender derechos humanos en el país.
Antecedentes:
El día 8 de septiembre de 2017, 12 personas defensoras de derechos humanos entre las cuales estaba presente la Sra. Hedme Castro, fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a actos de tortura y malos tratos en el campus de la UNAH en Tegucigalpa. Sin embargo, a pesar de la existencia de pruebas contundentes de la acción delictiva de los policías, el 31 de mayo de 2018 la Jueza número seis del Juzgado de Letras de lo Penal Gabriela Cristina Gallodictó sobreseimiento definitivo a favor de los tres oficiales de la policíaque se enfrentaban a la acusación por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, torturas y detención ilegal en perjuicio de las 12 personas defensoras.
El 7 de septiembre de 2018 en horas de la madrugada, dos hombres encapuchados y fuertemente armados entraron al apartamento en el que viven el coordinador de la oficina de ACI PARTICIPA en Choluteca, así como una voluntaria de la misma organización [2]. Mientras intimidaban a las dos personas defensores, los asaltantes registraron el apartamento y robaron una computadora, teléfono móvil y numerosos documentos de la organización.
Como quiera que las personas involucradas en el robo dejaron otros objetos de valor en el domicilio, el Observatorio expresa su grave preocupación por el hecho de que este ataque esté relacionado con las legítimas labores de defensa de los derechos humanos por parte de ACI PARTICIPA. Es importante resaltar que ACI PARTICIPA acababa de inaugurar el pasado 1 de agosto su nueva oficina en la ciudad de Choluteca con el objetivo de poder documentar las numerosas violaciones de derechos humanos que se vienen produciendo en la zona sur de Honduras.
El 3 de octubre de 2018 la Sra. Hedme Castro recibió amenazas telefónicas que le advertían que dejara de involucrarse en el caso de un menor de edad que ese mismo día había resultado herido de gravedad a manos de la policía en Choluteca, en el sur de Honduras, cuando descendía de un autobús en las proximidades de una protesta social que estaba siendo reprimida haciendo un uso excesivo de la fuerza.
La agresión fue documentada por varias personas defensoras de derechos humanos, incluyendo integrantes de ACI PARTICIPA en Choluteca. El menor de edad tuvo que ser trasladado a Tegucigalpa para recibir tratamiento médico, por lo que la Sra. Hedme Castro se desplazó al hospital para acompañar a la familia. Oficiales de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de la Policía Nacional de Honduras se habrían presentado en la sala de emergencia para recoger el testimonio del menor de edad a través de preguntas tendenciosas que buscaban exculpar a cualquier miembro de las fuerzas de seguridad de toda responsabilidad y trataron de hacer que el menor firmase la declaración. Ante las protestas de la Sra. Castro los integrantes de la DPI trataron de intimidad a la Sra. Castro, a lo que la madre del niño ante tal situación les dijo que ella firmaría por el niño, ya que temía retaliaciones de la policía. Apenas unas horas después de este incidente tuvieron lugar las amenazas telefónicas.
El 4 de octubre de 2018 la Policía Nacional de Honduras realizó señalamientos contra ACI PARTICIPA mediante una publicación en sus perfiles oficiales en Facebook y Twitter en las que se acusaba a la organización de difundir noticias falsas [3]. La publicación incluía la imagen de una alerta de la organización que denunciaba el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en Choluteca y denunciaba las lesiones del menor de edad. A partir de la publicación en Facebook por parte de la Policía Nacional, la Sra. Hedme Castro ha sido víctima de amenazas y actos de intimidación en su perfil personal en dicha red social por parte de usuarios que aparecen en sus fotos de perfil portando armas de fuego, muchos de los cuales serían presuntamente miembros de la Policía.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:
i. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre todos los ataques señalados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
ii. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sras. Nivia Vargas y Hedme Castro, del Sr. Erick Fernando Hernández y de todos los integrantes de ACI PARTICIPA, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras;
iii. Garantizar la supervisión judicial e institucional independiente y eficaz de la legalidad de las actuaciones de los integrantes de las fuerzas de seguridad hondureñas, particularmente en los casos de uso de la fuerza en el marco del ejercicio del derecho a la protesta;
iv. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos;
v. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.
vi. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.
Direcciones:
• Sr. Juan Orlando Hernández, Presidente de la República. E-mail: diseloalpresidente@presidencia.gob.hn, info@presidencia.gob.hn
• Héctor Leonel Ayala, Secretario de Estado de los Despachos de Justicia,
Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización. E-mail: observatorio@sdhjgd.gob.hn
• Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República. E-mail: suazog@mp.hn;
• Sra. Nora Urbina, Directora General del Sistema de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. E-mail: proteccion.ddhh.hn@gmail.com
• Sr. Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. E-mail: consultorinternacionalhn1@gmail.com; central@conadeh.hn
• Sr. Jorge Alberto Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. E-mail: cedij@poderjudicial.gob.hn; justiciaenaccion@poderjudicial.gob.hn
• Sr. Embajador Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: mission@hondurasginebra.ch
• Sr. Embajador Roberto Ochoa Madrid, Embajada de Honduras en Bruselas. E-mail: ambassade.honduras@chello.be
• Sr. Embajador Leónidas Rosa Bautista, Embajada de Honduras en OEA. E-mail: honduras@oas.org
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.
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Ginebra-Paris, 16 de noviembre de 2018
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
· E-mail: Appeals@fidh-omct.org
· Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
· Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80
[1] Los miércoles y sábado de cada semana se están realizando manifestaciones pacífica por parte de la población de algunas colonias periféricas de la ciudad contra del aumento de los costos de la energía eléctrica, aumento de la canasta básica, alza de precio de los combustibles, alza del transporte público, inseguridad, derecho al sufragio así como protestando en contra de las 27 concesiones mineras y de generación eléctrica que existen en el departamento de Choluteca y que han sido otorgadas por el actual gobierno, o la instalación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico conocidas como ZEDES, entre otras causas.
[2] Las identidades de estas dos personas defensoras no son compartidas por razones de seguridad.
[3] Véase: https://www.facebook.com/255737611145970/posts/1840550625997986/ y https://twitter.com/PoliciaHonduras/status/1047878966370095104