HONDURAS: Departamento policial de Choluteca reprime de forma sistemática y violenta a la población

Ginebra-París, 3 de mayo de 2019 – El uso desmedido y desproporcionado de la fuerza, ataques sistemáticos contra manifestantes, contra personas y organizaciones de defensa de derechos humanos y contra periodistas, así como una constante persecución y ataques a la labor de ACI PARTICIPA, ilustran la represión sistemática por parte de la Policía Nacional en el departamento de Choluteca (sur de Honduras), denuncian el Observatorio (OMCT-FIDH) y la Plataforma Internacional contra la Impunidad.

Nuestras organizaciones muestran su alarma por la constante violación de derechos humanos contra quienes ejercen el derecho a defender los derechos humanos y a la protesta social pacífica, particularmente en las últimas semanas. Tales actuaciones han tenido como desenlace la pérdida de vidas humanas y una multiplicidad de derechos conculcados; entre ellos la vida, libertad, integridad física, libertad de expresión, de prensa, asociación y reunión[1]. Preocupa asimismo la elevada impunidad por estos ataques así como la falta de acciones por parte del gobierno hondureño para abordar la crisis de derechos humanos que se vive en Choluteca.

En primer lugar, el Observatorio y la Plataforma muestran su preocupación ante la muerte del menor de edad Wilfredo de Jesús Moncada, ocurrida el pasado 11 de abril, como consecuencia de un disparo en la cabeza producido por miembros de la Policía Nacional de Choluteca mientras ejercía su derecho a la protesta pacífica. Este homicidio representa el hecho más grave dentro del patrón generalizado de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Nuestras organizaciones manifiestan asimismo su preocupación ante la posterior intimidación a testigos de los hechos[2].

En segundo lugar, nuestras organizaciones rechazan la continua persecución contra los defensores de derechos humanos en Choluteca, en particular contra la organización ACI PARTICIPA y sus integrantes, y reiteran su exigencia a que las autoridades hondureñas brinden urgentemente garantías y cesen inmediatemante la campaña sistemática de ataques y actos de intimidación en su contra[3].

Destacan en este sentido por su gravedad los siguientes hechos:

El 6 de abril de 2019, a las 7 de la tarde una patrulla motorizada de la Policía lanzó deliberadamente e injustificadamente una bomba lacrimógena contra el cuerpo de la madre la Sra. Hedme Castro[4], Coordinadora General de ACI PARTICIPA, quien se encontraba sentada delante de su vivienda. Preocupa que el ataque, además de constituir un claro ejemplo de uso excesivo de la fuerza violatorio de los estándares de derechos humanos, sea una represalia por el trabajo de la Sra. Hedme Castro y el resto de personas integrantes de ACI Participa, que han sido reiteradamente perseguidas, estigmatizadas e intimidadas por la Policía de Choluteca.

El 29 de abril, en el marco de un Paro convocado por los derechos a la salud y a la educación, miembros de la Policía Nacional dispararon bombas de gases lacrimógenos directamente contra el cuerpo del integrante de ACI PARTICIPA, el Sr. Jose Gudiel, mientras éste intentaba dialogar con la Policía para evitar la represión a las comunidades que ocupaban la carretera a Guasable. Es importante resaltar que el Sr. José Gudiel se encontraba visiblemente identificado a través de un chaleco que portaba en el que indicaba su actividad de defensa de derechos humanos.

El 1 de mayo, fue detenida la también integrante de ACI PARTICIPA, la Sra. Leslie Andino, quien se encontraba filmando el momento en que la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, disparaba con armas de fuego a un grupo de manifestantes que pasaban frente a las instalaciones y que habían lanzado algunos objetos contra dichas oficinas. La defensora de derechos humanos fue esposada y estuvo durante algunas horas detenida arbitrariamente.

En tercer lugar, preocupa el patrón de ataques contra quienes desempeñan la labor periodística en el marco de las protestas sociales en Choluteca. El 21 de abril de 2019 efectivos de la Policía lanzaron gases lacrimógenos directamente contra una periodista de Crtv Choluteca que cubría la protesta y que recibió advertencias de que “dejara de grabar”[5]. En similares circunstancias fueron agredidos el 6 de abril de 2019, varios periodistas del canal de televisión Metro TV, cuando oficiales de la Policía Nacional lanzaron gases lacrimógenos dentro del edificio donde funciona el respectivo medio, interrumpiendo la programación televisiva[6]. Estos hechos se suman a otros ataques ya denunciados por el Observatorio con anterioridad.

El Observatorio y la Plataforma recuerdan a las autoridades de Honduras que, según los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y progresividad, y eluso de la fuerza sin apegarse a dichos principios puede ser constitutivo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, reiteran que la fuerza letal sólo puede utilizarse cuando sea estrictamente necesario para proteger la viday que está prohibido el disparo de proyectiles de armas “menos letales” como el gas lacrimógeno dirigido al cuerpo de personas, en particular cuando se hace a corta distancia y en las partes superiores del cuerpo, y no debe ser arrojado en espacios cerrados, cuando las personas no tienen una vía de evacuación ni en las cercanías de centros de salud, centros educativos ni zonas residenciales.

Por todo lo anterior, exigen que las autoridades hondureñas, incluyendo al más alto nivel, se comprometan a tomar medidas contundentes para detener el actuar irregular de la Policía en Choluteca y recuerdan que se trata de un problema estructural puesto que desde 2014 ha habido hasta seis jefes policiales en Choluteca de los cuales, al menos cuatro -incluyendo el actual- han sido objeto de denuncias por uso excesivo de la fuerza y torturas. Entre las medidas requeridas se encuentran las siguientes: llevar a cabo una investigación inmediata, completa, exhaustiva e imparcial sobre todos los hechos reportados; depurar la institución de los agentes que se encuentran involucrados en violaciones a los derechos humanos; y sancionar ejemplarmente a aquellos que atenten contra los derechos humanos en Honduras.

Para obtener más información, por favor contacten con:

OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui / Delphine Reculeau: (+41) 22 809 49 39
FIDH: José Carlos Thissen : +51 95 41 31 650
Plataforma Internacional contra la Impunidad: Anabella Sibrián: as@plataformainternacional.org

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu , el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

— 

[1] Desde el año 2017, los días miércoles y sábado, la comunidad de Choluteca viene haciendo uso del derecho a la manifestación pacífica y reunión, exigiendo del Estado de Honduras la atención y resolución a graves problemas que aquejan la comunidad y que en gran parte están asociados a la implementación de políticas extractivas transnacionales en esta región del país.
[2] El Observatorio conoció que cuatro personas encapuchadas y armadas desde un vehículo tipo Hilux 300 color blanco, siguieron a un joven testigo que se encontraba en el mismo lugar en el momento en que el joven Wilfredo de Jesús Moncada recibió el impacto de bala en su cabeza.
[3] El Observatorio ha hecho varios llamados en ese sentido, vease por ejemplo: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/honduras/2019/03/d25286/ y http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/honduras/2018/11/d25120/
[4] La Sra. Julia Vargas, madre de la defensora Hedme Castro, tiene 90 años de edad y su salud se vio seriamente comprometida ante la inhalación del gas lacrimógeno.
[5] Tales hechos quedaron registrados en una trasmisión en vivo, en la cual la periodista denunciaba que la Policía disparaba gases hacia las viviendas de los habitantes de Choluteca.
[6] Esa misma noche, la policía lanzó otra bomba de gas lacrimógeno a un campo de softball en el barrio La Libertad en donde se encontraban familias con niñas y niños. Según la información recibida, los gases también afectaron algunos pacientes del Hospital del Sur.

Leer más
communique