Honduras: Cese de la criminalización contra los 13 pobladores de Guapinol

13/03/2019
Llamado urgente

Nuevas informaciones
HND 001 / 0219 / OBS 020.1
Liberación / Criminalización
Honduras
13 de marzo de 2019

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Honduras.

Nueva información:

El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre el cese de la criminalización contra 13 pobladores quienes se han movilizado por la defensa del derecho al agua en los sectores de Guapinol y San Pedro en Tocoa, departamento de Colón, en la zona del Parque Nacional Montaña de Botaderos [1].

Según la información recibida, a las 2:35 de la madrugada del 2 de marzo de 2019 el juez de Jurisdicción Nacional dictó sobreseimiento definitivo para los delitos de usurpación y daños contra la empresa "Inversiones los Pinares" de los que se acusaba a las 13 personas defensoras según el expediente inicial número 148-2018 emitido por el Juzgado de Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula en octubre de 2018. El proceso penal había sido iniciado el 28 de febrero de 2019 en Tegucigalpa.

El sobreseimiento dio lugar a la apertura del proceso el día 2 de marzo por la segunda causa en el caso de criminalización contra las doce [2] personas defensoras del derecho al agua que permanecían privadas de libertad bajo prisión preventiva desde el sábado 23 de febrero (ver antecedentes). En este segundo proceso las personas defensoras se enfrentaban a acusaciones por privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita.

El 4 de marzo el juez de jurisdicción nacional dictó sobreseimiento definitivo y las 12 personas defensoras fueron puestas en libertad el día 6 de marzo. Teniendo en cuenta que el segundo requerimiento fiscal incluía a 31 personas defensoras [3] como imputadas, el Observatorio recuerda que el auto de sobreseimiento dictado por el juez debe beneficiar al resto de imputados llegado el momento.

El Observatorio celebra el cese de la criminalización en contra de las 12 personas defensoras de Guapinol pero insiste en que nunca debería haberse producido y condena el patrón de uso indebido del derecho penal en contra de quienes defienden derechos humanos en Honduras. La decisión de trasladar el caso a un juez de Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa, los cuales fueron concebidos para conocer casos de estructuras criminales que están provocando altos índices de muerte en el país, evidencia asimismo la instrumentalización de estos juzgados y del sistema de justicia para criminalizar la defensa de derechos humanos.

En este sentido, el Observatorio muestra su preocupación por el lamentable papel jugado por el Ministerio Público durante las casi 50 horas de audiencias en las que quedó patente que carecía completamente de pruebas. A modo de ejemplo, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, aparecía una matriz que señalaba a los integrantes de “La Banda de la Aldea de Guapinol” en la que aparecía como presunto integrante del supuesto grupo criminal la fotografía y nombre del Sr. Antonio Martínez Ramos, quien aparecía en el segundo requerimiento fiscal a pesar de haber fallecido en el 2015 por lo que evidentemente no podía ser culpable de los delitos que se le atribuían.

Finalmente, el Observatorio agradece todas las personas, organizaciones e instituciones que actuaron en favor de las personas defensoras de Guapinol e insta a las autoridades hondureñas a poner fin a todo acto de hostigamiento en contra de las personas defensoras de derechos humanos en Honduras y, particularmente, a cesar en el uso indebido del derecho penal para controlar, neutralizar y castigar a las personas que ejercen el derecho a la resistencia en defensa de la tierra y el territorio.

Antecedentes:

El 1 de agosto de 2018, pobladores de comunidades del sector de Guapinol instalaron un campamento en protesta a las actividades de la empresa «Inversiones Los Pinares» que trabajaba en la apertura de una carretera hacia una zona del Parque Nacional Montaña de Botaderos donde se ubican dos concesiones mineras de la empresa Emco Mining Company S.A. de C.V., pasando a unos 20 metros del río Guapinol. Según los pobladores, el arrastre de los sedimentos de la apertura de la carretera hizo que los sistemas de agua potable se llenaron de lodo. Además, pobladores de 13 comunidades del sector de San Pedro se sumaron a la protesta ya que la explotación minera está ubicada en la zona donde nace el río San Pedro, que les abastece de agua. Los pobladores consideran ilegal e injusta la autorización sin consulta de concesiones mineras en la zona núcleo de un área protegida donde nace el agua que usan para sobrevivir.

El 7 de septiembre de 2018, una persona resultó herida luego de ser atacada por un grupo de guardias contratados por la empresa «Inversiones Los Pinares», en el sitio en donde mantenían el campamento los pobladores de Guapinol y San Pedro.

El 27 de octubre de 2018, aproximadamente 1500 efectivos militares y policiales llevaron a cabo un desalojo violento del campamento.

El 21 de febrero de 2019, 13 de 18 personas de la comunidad de Guapinol se presentaron voluntariamente al juzgado de La Ceiba ante la orden de detención emitida en su contra por supuestos delitos de usurpación y daños contra la empresa “Inversiones Los Pinares” y el Estado de Honduras. Al presentarse al juzgado, las personas de la comunidad y sus abogados fueron sorprendidos con la existencia de una segunda solicitud de captura en contra de 31 personas, dentro de las cuales, 12 de las 13 personas que se presentaron, que les acusaba por delitos adicionales, dentro de los que se encuentran privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita. Ante esa situación, los abogados defensores interpusieron un recurso de recusación en contra del juez de La Ceiba y el caso fue trasladado a un juez de Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa.

Las 13 personas fueron trasladadas a Tegucigalpa con fuertes medidas de seguridad militar y policial. Al día siguiente, se celebró la audiencia donde el juez de Jurisdicción Nacional ordenó ilegalmente la detención judicial para 12 de las 13 personas, en virtud de que solamente una de las personas no estaba incluida en la segunda solicitud de detención.

***

Ginebra-París, 13 de febrero de 2019

Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
E-mail: Appeals@fidh-omct.org
Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29 
Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80

[1] Por los impactos negativos que han generado dos concesiones mineras de la empresa Emco Mining Company S.A. de C.V. en la zona, se ha presentado una inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo 252-2013 por haber ampliado la zona de amortiguamiento para favorecer la explotación minera y reducir la zona núcleo del área protegida; así también, se presentó una denuncia en contra de funcionarios por abuso de autoridad y omisión de los deberes que debían cumplir los funcionarios.
[2] La Sra. Lourdes Elizabeth Gómez Rodas y los Sres. Marco Tulio Ramos, Reynaldo Domínguez Ramos, Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel Villeda, Juventino Cruz Hernández, Ally Magdaleno Domínguez Ramos, Juan Manuel Cruz Hernández, Juan Francisco Cruz García, José Santos Hernández, Carlos Leonel George George y José Adalid Cedillo Mendoza.
[3] Las otras personas acusadas son Antonio Martínez Ramos, Arnold Javier Alemán Soriano, Arnold Joaquín Morazán Erazo, Ewer Alexis Cedillo Cruz, Jeremías Martínez Díaz, José Avelino Cedillo Cantarero, José Alexis Cedillo Hernández, José Daniel Márquez Márquez, Juan Ángel López Solís, Juan Carlos López, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Mario Enrique Rosales Sánchez, Miriam Janeth Mejía Cruz, Obdulio Cruz Portillo, Orvin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo, Ramon Diaz Martínez, Roberto Antonio Argueta Tejada y Trinidad Domínguez Ramos.

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