Además del trabajo que ambas organizaciones realizan desde hace décadas en defensa de modelos de desarrollo respetuosos con el medio ambiente y los derechos humanos, en la actualidad llevan a cabo una importante labor de prevención del contagio de COVID-19 y de respuesta humanitaria frente a la gravísima crisis alimentaria y de salud que se han exacerbado por la pandemia. Frente a la falta de respuesta estatal, o a las deficiencias en ella, la labor de estas organizaciones supone el único garante del derecho a la vida, salud y alimentación de las comunidades lencas y garífunas en el territorio hondureño.
En este marco, OFRANEH y COPINH, no solo no han recibido apoyo de las instituciones públicas para desarrollar esta encomiable tarea, sino que la han visto obstaculizada por las acciones emprendidas por instancias estatales como el Ministerio de Salud y por las fuerzas de seguridad del Estado. OFRANEH ha denunciado públicamente que el personal de salud asignado a algunas comunidades garífunas está violentando los protocolos de bioseguridad al enviar a sus casas a personas contagiadas, en lugar de remitirlos a centros de aislamiento.
Tanto en las comunidades lencas como garífunas, fuerzas de seguridad del Estado han acosado y agredido a la población e integrantes de OFRANEH y COPINH, poniendo en riesgo su integridad y reproduciendo la política del Estado hondureño de hacer uso de la fuerza pública para restringir el valioso trabajo que realizan estas organizaciones a favor de la población lenca y garífuna.
Ejemplo de ello es la detención arbitraria que llevaron a cabo miembros del Ejército el 12 de mayo en contra del integrante de la coordinación General de COPINH, José Trochez, mientras éste realizaba actividades de labor humanitaria debidamente acreditado para ello. Asimismo la actuación policial violenta del 20 de abril en contra de la población garífuna de Oak Ridge, Roatan, cuando ésta exigía que, por razones de salud pública, no atracara un barco en el puerto local y la amenaza que agentes policiales hicieran el 6 de mayo de lanzar bombas lacrimógenas contra jóvenes garífunas que realizan labores de custodia de la comunidad de Travesía, Cortés, relacionadas con la prevención de la COVID-19.
Las autoridades han dejado completamente desprotegidas a las comunidades ante ataques del crimen organizado y otros grupos no estatales. En el territorio lenca, pobladoras y pobladores de Río Blanco continúan sufriendo la destrucción de sus cosechas, incendios que se presumen provocados y hechos de hostigamiento y amenazas por parte de integrantes de la familia Madrid. En la comunidad garífuna de Río Tinto, Atlántida, el integrante de OFRANEH Edwin Fernández fue asesinado frente a sus hijos el pasado 20 de mayo.
La impunidad en la que permanecen estos hechos, así como la falta de actuación del Mecanismo de Protección de Defensores para proteger a las organizaciones OFRANEH y COPINH, ha implicado una preocupante escalada en la violencia.
En atención a lo descrito, las organizaciones firmantes demandamos que las instituciones del Estado cesen en su práctica represiva en contra de dichas organizaciones y faciliten la labor humanitaria y de prevención que están desarrollando en el marco de la pandemia provocada por la COVID-19.
Asimismo, exigimos al Estado Hondureño, que a través de las instituciones del sistema de justicia y del Mecanismo de Protección a Defensores garantice la protección de las personas y comunidades organizadas en torno a OFRANEH y COPINH, a través de un sistema de protección que responda a sus demandas y que permitan la investigación y sanción de los responsables de los graves hechos de violencia y hostigamiento que ambas organizaciones enfrentan.
Agradeciendo su atención y el desarrollo de las gestiones oportunas.
Atentamente,