Nueva información:
El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información sobre el brote de COVID-19 en el Centro Penal de Olanchito, donde permanecen detenidos arbitrariamente Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán , Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, todos ellos defensores del derecho al agua en los sectores de Guapinol y San Pedro en Tocoa, departamento de Colón, en la zona del Parque Nacional Montaña de Botaderos. [1]
El 13 de marzo de 2021, se detectó un brote de COVID-19 en el Centro Penal de Olanchito. Uno de los defensores detenidos, quien presentaba problemas de salud anteriores a su detención, ha dado positivo a la enfermedad, mientras que el resto de defensores se encuentran en alto riesgo de contagio debido a las condiciones de hacinamiento y a la falta de adopción de medidas de prevención de la enfermedad por parte de las autoridades penitenciarias.
El 24 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias declaró que la detención de Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, así como la de Jeremías Martínez Díaz, defensor de Guapinol privado de libertad en el Centro Penal La Ceiba, es arbitraria. Asimismo, el Grupo de Trabajo instó a las autoridades de Honduras a tomar medidas urgentes para garantizar la liberación inmediata delosocho defensoresante el riesgo para su salud que supone permanecer detenidos en la actual crisis sanitaria, así como a llevara cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a suprivación arbitraria de libertad. En el momento de publicación de este Llamado Urgente, el Estado de Honduras no ha tomado ninguna medida para dar cumplimiento a la resolución del Grupo de Trabajo. Asimismo, el mantenimiento de los defensores en prisión contradice las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia del respeto y la protección de los derechos humanos en el actual contexto de pandemia. [2]
El Observatorio expresa su más alta preocupación por la salud de Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz y reitera su condena al uso indebido del derecho penal para controlar, neutralizar y castigar a las personas que ejercen el derecho a la resistencia en defensa de la tierra y el territorio.
El Observatorio recuerda que los siete defensores permanecen detenidos de manera preventiva desde septiembre de 2019 por los delitos de “incendio agravado” y “privación injusta de libertad”, en el marco del proceso de criminalización al que han sido sometidos 32 defensores del agua en el municipio de Tocoa ante las actividades de la empresa minera “Inversiones Los Pinares” en el Parque Nacional Montaña de Botaderos.
Asimismo, Jeremías Martínez fue detenido de forma arbitraria en diciembre de 2018 debido a otro proceso penal por los delitos de “usurpación” y “daños” en perjuicio de la misma empresa. El 17 de marzo de 2021, un juez de jurisdicción nacional le dictó una sentencia absolutoria. Sin embargo, permanece detenido, dado que enfrenta el segundo proceso junto a los otros siete defensores. El 19 de marzo de 2021, en una audiencia pública celebrada ante la CIDH, el representante de la Procuraduría General de la Republica informó que Jeremías Martínez había sido liberado tras la sentencia absolutoria, hechos que no son ciertos. Además, según la familia del Sr. Martínez, el Instituto Nacional Penitenciario no lo ha traslado de regreso al Centro Penal de La Ceiba y permanece detenido en el Centro Penitenciario Nacional de Tamara.
Esta criminalización se ha caracterizado por un uso indebido del derecho penal y por violaciones al debido proceso, incluido el incumplimiento de los plazos procesales para la emisión y notificación de resoluciones judiciales.
Asimismo, las comunidades defensoras de Guapinol han sido víctimas de campañas de estigmatización, amenazas y ataques en contra de su vida e integridad física en represalia por su labor en defensa de los derechos humanos, incluidos los asesinatos de Roberto Antonio Argueda Tejada y Arnold Joaquín Morazán Erazo.
Por todo lo anterior, el Observatorio reitera su llamado a las autoridades de Honduras a liberar de manera inmediata las personas defensoras anteriormente mencionadas, a tomar medidas concretas y urgentes para asegurar el respeto de su derecho al debido proceso y a poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento —incluido a nivel judicial— en contra de los pobladores de Guapinol y Sector San Pedro, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, particularmente en el marco de la defensa del derecho a la tierra y al territorio frente a empresas mineras.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:
i. Poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento —incluido a nivel judicial— en contra de los pobladores de Guapinol y San Pedro, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, otorgarles la libertad inmediata e incondicional y respetar en todas circunstancias su derecho a un debido proceso;
ii. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Daniel Márquez y Jeremías Martínez, y de todas las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras;
iii. Poner fin a la utilización del derecho penal para controlar, neutralizar y castigar a las personas que ejercen el derecho a la resistencia en defensa de la tierra y el territorio;
iv. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la legalidad de las concesiones mineras que originaron el conflicto, los daños ambientales y las acciones de las guardias de seguridad de la empresa, policías y miembros de las fuerzas armadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
v. Abordar las causas de fondo del conflicto socioambiental, revisando la concesión de territorios protegidos a la empresa extractiva minera Los Pinares al encontrarse en el núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos;
vi. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por las personas defensoras de derechos humanos.
Direcciones:
Sr. Juan Orlando Hernández, Presidente de la República. E-mail: diseloalpresidente@presidencia.gob.hn, info@presidencia.gob.hn
Sr. Héctor Leonel Ayala, Secretario de Estado de los Despachos de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización. E-mail: observatorio@sdhjgd.gob.hn
Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República. E-mail: suazog@mp.hn
Sra. Nora Urbina, Directora General del Sistema de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. E-mail: proteccion.ddhh.hn@gmail.com
Sr. Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. E-mail: consultorinternacionalhn1@gmail.com; central@conadeh.hn
Sr. Rolando Edgardo Argueta Pérez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. E-mail: cedij@poderjudicial.gob.hn; justiciaenaccion@poderjudicial.gob.hn
Sr. Embajador Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: mission@hondurasginebra.ch
Sr. Embajador Roberto Ochoa Madrid, Embajada de Honduras en Bruselas. E-mail: ambassade.honduras@chello.be
Sr. Embajador Luis Cordero Montoya, Embajada de Honduras en OEA. E-mail: honduras@oas.org
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.
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Ginebra-Paris, 26 de marzo de 2021
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
● E-mail: Appeals@fidh-omct.org
● Tel. OMCT: + 41 22 809 49 39
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