El viernes 15 de abril de 2016 se produjeron graves incidentes cuando varios centenares de personas se desplazaron hacia el río Gualcarque en las cercanías de San Francisco de Ojuera como parte de una caravana que buscaba conmemorar el asesinato el pasado 2 de marzo de la defensora de derechos humanos y lideresa de la comunidad indígena Lenca, Berta Cáceres en el marco del Encuentro Internacional “Berta Cáceres Vive”.
Tres integrantes de una misión de investigación del Observatorio llegaron a las 10:30 al lugar donde los primeros defensores y defensoras en desplazarse a la zona esperaban la llegada de los autobuses, cerca del desvío de la carretera N-20. Durante la hora que permanecieron en la zona, pudieron observar que al menos cinco radio patrullas de policía con cuatro o cinco unidades cada una, así como dos vehículos que transportaban a unos 10 militares cada uno, atravesaron la zona en dirección hacia San Francisco de Ojuera.
Tras la llegada de los primeros autobuses, los integrantes de la misión del Observatorio siguieron la caravana y pudieron constatar la fuerte presencia de Policía Nacional y de unidades militares a lo largo del camino. Según pudo constatar la delegación del Observatorio, esta presencia de fuerzas de seguridad fue percibida como intimidatoria por los integrantes de la caravana, especialmente por el hecho de que al menos uno de los grupos policiales estaba tomando imágenes de los coches y autobuses y porque la mayoría de las unidades aparentaban estar preparadas para intervenir y sujetaban armas y/o escudos. Además, las personas que viajaban en los autobuses denunciaron haberse sentido intimidadas por las actuaciones de las fuerzas de seguridad a lo largo del camino desde Tegucigalpa, que incluyeron numerosas paradas, el registro de los autobuses y de los viajeros, así como una notable ralentización del desplazamiento de los vehículos.
A las 13:10, en las cercanías de San Francisco de Ojuera, y ya desplazándose a pie el primer grupo de participantes de la caravana en llegar a la zona, incluyendo los encargados de misión del Observatorio, se vieron confrontados por más de 30 personas que portaban carteles contra la caravana, blandían machetes amenazadoramente y, con actitud violenta, gritaban amenazas contra la caravana y específicamente contra Tomás Gómez, nuevo Coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Estas personas fueron identificadas por integrantes del COPINH como empleados de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA).
La delegación del Observatorio pudo documentar que, mientras en las inmediaciones de la posta policial Santa Fe y en otras partes del recorrido había fuerte presencia de fuerzas de seguridad, únicamente seis policías, que no portaban instrumentos de intervención, se habían posicionado para separar a los contra-manifestantes de la caravana internacional.
“La débil presencia policial para hacer frente al peligro que representaba el numeroso grupo de personas armadas con machetes y en actitud extremadamente violenta contrasta enormemente con lo intimidatorio del enorme despliegue que los manifestantes pacíficos de la caravana pudieron observar a largo de su desplazamiento. La actuación policial parece a todas luces inadecuada y contraria a los estándares internacionales que obligan a garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente”, declaró Miguel Martín Zumalacárregui, Director de la Oficina en Bruselas de la OMCT y encargado de la misión del Observatorio.
Según la información recibida por nuestras organizaciones, alrededor de las 17:00, y ya sin la presencia de la delegación del Observatorio, una decena de personas resultaron heridas cuando se retiraban pacíficamente del evento, tras ser atacadas con palos y piedras por el mismo grupo de personas, algunas en evidente estado de ebriedad. El grupo de fuerzas de seguridad presente en la zona era mayor y estaba mejor preparado para la posible confrontación que en los incidentes registrados por la mañana. Sin embargo, según testigos, las agresiones tuvieron lugar a la vista de una decena de miembros de las fuerzas de seguridad que no actuaron hasta que otros participantes de la caravana les insistieron para que lo hicieran.
Además, los agresores volvieron a proferir amenazas directas contra Tomás Gómez y contra Sotero Chavarría, integrante de la Coordinación General del COPINH, quién resultó herido por una pedrada. Entre los gritos proferidos por los agresores se habría escuchado referencias al asesinato de Berta Cáceres en los siguientes términos: “hemos matado a la mosca y solo quedó la plebe”.
“Nuestras organizaciones reclaman una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre los ataques y las amenazas realizados por parte de los agresores, pero también sobre el desproporcionado dispositivo policial, de modo que puedan establecerse las sanciones que pudiera corresponder por la inadecuada actuación de las fuerzas de seguridad”, declaró Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.
Estos graves incidentes tienen lugar en un contexto de creciente descontento nacional e internacional por el desarrollo de la investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres y por la inadecuada respuesta a las demandas de familiares de Berta Cáceres y el COPINH sobre la necesidad urgente de integrar un grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humano(CIDH) para indagar el crimen.
“Nuestras organizaciones resaltan la importancia de conducir una investigación totalmente independiente, imparcial y transparente del asesinato de Berta Cáceres con la participación de la CIDH. Asimismo, y en línea con las garantías de no repetición, instamos a las autoridades hondureñas a que tomen todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de Tomás Gómez, Sotero Chavarría y el resto de integrantes del COPINH”, declaró Anabella Sibrián, Representante en Centroamérica de la Plataforma Internacional contra la Impunidad e integrante de la misión del Observatorio.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.