Nueva información:
El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre el asesinato del Sr. Roberto Antonio Argueta Tejada, quien a pesar de no formar parte del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) [1] era simpatizante y había apoyado a los defensores de Guapinol por ejemplo aportándoles alimentos o agua, razón por la cual era una de las 32 personas criminalizadas en el marco del caso Guapinol. El Sr. Argueta Tejada había decidido voluntariamente no presentarse ante las autoridades competentes como hicieron 12 de ellos en febrero de 2019 y 7 de ellos el 26 de agosto de 2019.
Según la información recibida, el 28 de agosto en horas de la mañana el Sr. Argueta Tejada fue asesinado a balazos por varios desconocidos fuertemente armados en las cercanías del hospital San Isidro de la ciudad de Tocoa, Departamento de Colón.
El asesinato tuvo lugar el día anterior a la Audiencia Inicial en el Juzgado de Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula del proceso en contra de nueve defensores de Guapinol, en el marco del mismo requerimiento fiscal en el que el Sr. Argueta Tejada estaba siendo criminalizado (ver Antecedentes).
El Observatorio reitera su condena al uso indebido del derecho penal para controlar, neutralizar y castigar a las personas que ejercen el derecho a la resistencia en defensa de la tierra y el territorio, y vuelve a destacar que la criminalización de las personas defensoras conlleva una fuerte estigmatización social por el hecho de aparecer retratados como criminales, lo que aumenta notablemente su vulnerabilidad y las posibilidades de que sean víctimas de otros ataques, hipótesis que podría explicar este asesinato. En este sentido, el Observatorio recuerda que, en base a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, las autoridades deberían contemplar como primera hipótesis que las violaciones contra una persona defensora sean producto de sus actividades de defensa de derechos humanos.
Finalmente, el Observatorio recuerda que el sobreseimiento dictado por el juez la madrugada del 4 de marzo de 2019 debe beneficiar al resto de defensores criminalizados, incluyendo los 9 que se enfrentarán a audiencia a partir del 29 de agosto, e insta a las autoridades hondureñas a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato del Sr. Roberto Antonio Argueta Tejada con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley.
Antecedentes:
El 1 de agosto de 2018, pobladores de comunidades del sector de Guapinol instalaron un campamento en protesta a las actividades de la empresa «Inversiones Los Pinares» que trabajaba en la apertura de una carretera hacia una zona del Parque Nacional Montaña de Botaderos donde se ubican dos concesiones mineras de la empresa Emco Mining Company S.A. de C.V., pasando a unos 20 metros del río Guapinol. Según los pobladores, el arrastre de los sedimentos de la apertura de la carretera hizo que los sistemas de agua potable se llenaron de lodo. Además, pobladores de 13 comunidades del sector de San Pedro se sumaron a la protesta ya que la explotación minera está ubicada en la zona donde nace el río San Pedro, que les abastece de agua. Los pobladores consideran ilegal e injusta la autorización sin consulta de concesiones mineras en la zona núcleo de un área protegida donde nace el agua que usan para sobrevivir.
El 7 de septiembre de 2018, una persona resultó herida luego de ser atacada por un grupo de guardias contratados por la empresa «Inversiones Los Pinares», en el sitio en donde mantenían el campamento los pobladores de Guapinol y San Pedro.
El 27 de octubre de 2018, aproximadamente 1500 efectivos militares y policiales llevaron a cabo un desalojo violento del campamento.
El 21 de febrero de 2019, 13 de 18 personas de la comunidad de Guapinol se presentaron voluntariamente al juzgado de La Ceiba ante la orden de detención emitida en su contra por supuestos delitos de usurpación y daños contra la empresa “Inversiones Los Pinares” y el Estado de Honduras. Al presentarse al juzgado, las personas de la comunidad y sus abogados fueron sorprendidos con la existencia de una segunda solicitud de captura en contra de 31 personas, dentro de las cuales, 12 de las 13 personas que se presentaron, que les acusaba por delitos adicionales, dentro de los que se encuentran privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita. Ante esa situación, los abogados defensores interpusieron un recurso de recusación en contra del juez de La Ceiba y el caso fue trasladado a un juez de Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa.
Las 13 personas fueron trasladadas a Tegucigalpa con fuertes medidas de seguridad militar y policial. Al día siguiente, se celebró la audiencia donde el juez de Jurisdicción Nacional ordenó ilegalmente la detención judicial para 12 de las 13 personas, en virtud de que solamente una de las personas no estaba incluida en la segunda solicitud de detención.
A las 2:35 de la madrugada del 2 de marzo de 2019 el juez de Jurisdicción Nacional dictó sobreseimiento definitivo para los delitos de usurpación y daños contra la empresa "Inversiones los Pinares" de los que se acusaba a las 13 personas defensoras según el expediente inicial número 148-2018 emitido por el Juzgado de Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula en octubre de 2018. El proceso penal había sido iniciado el 28 de febrero de 2019 en Tegucigalpa.
El sobreseimiento dio lugar a la apertura del proceso el día 2 de marzo por la segunda causa en el caso de criminalización contra las doce [2] personas defensoras del derecho al agua que permanecían privadas de libertad bajo prisión preventiva desde el sábado 23 de febrero. En este segundo proceso las personas defensoras se enfrentaban a acusaciones por privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita.
El 4 de marzo el juez de jurisdicción nacional dictó sobreseimiento definitivo y las 12 personas defensoras fueron puestas en libertad el día 6 de marzo.
El Observatorio mostró su preocupación por el lamentable papel jugado por el Ministerio Público durante las casi 50 horas de audiencias en las que quedó patente que carecía completamente de pruebas. A modo de ejemplo, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, aparecía una matriz que señalaba a los integrantes de “La Banda de la Aldea de Guapinol” en la que aparecía como presunto integrante del supuesto grupo criminal la fotografía y nombre del Sr. Antonio Martínez Ramos, quien aparecía en el segundo requerimiento fiscal a pesar de haber fallecido en el 2015 por lo que evidentemente no podía ser culpable de los delitos que se le atribuían.
La empresa apeló la decisión de sobreseimiento definitivo y la Corte de Apelación aceptó el recurso, por lo que el caso podría abrirse nuevamente.
El lunes 26 de agosto de 2019 siete defensores de derechos humanos, los Sres. José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo Cantarero, Orbin Nahún Hernández Hernández, Arnold Javier Alemán Soriano y Ewer Alexander Cedillo, se presentaron voluntariamente ante la jueza de Jurisdicción Nacional, Lizeth Vallecillo, buscando poner fin al proceso de criminalización en su contra y que se reconociera su inocencia en el marco del caso “Guapinol” en el que, en marzo de 2019, 12 personas defensoras que enfrentaban las mismas acusación fueron absueltas.
Durante la audiencia celebrada el 26 de agosto, la Jueza de Jurisdicción Nacional dictó detención judicial contra los siete defensores al existir una acusación por “asociación ilícita” en su contra, que conlleva automáticamente la prisión preventiva, algo que ha sido denunciado reiteradamente como un tipo penal utilizado para criminalizar la defensa de derechos humanos. Los defensores fueron privados de libertad en la penitenciaría nacional Marco Aurelio Soto en Támara, Departamento de Francisco Morazán.
El 29 de agosto a las 9 de la mañana está prevista la Audiencia Inicial del proceso en su contra en el Juzgado de Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula. En dicha audiencia, los siete defensores, así como el Sr. Antonio Martínez Ramos, quien sigue vinculado al proceso a pesar de haber fallecido el 5 de abril de 2015, tres años antes de los hechos supuestamente delictivos, y el Sr. Jeremías Martínez, quien se encuentra privado de libertad en la granja penal de La Ceiba desde diciembre del 2018 por orden del juez de letras de Competencia Territorial Nacional, Carlos Irías de León, se enfrentan a cargos por privación injusta de libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita. En el caso del Sr. Arnold Javier Alemán Soriano, el defensor también se enfrenta a cargos por usurpación y daños en base al requerimiento fiscal 148/2018 por el que 13 personas defensoras ya fueron absueltas el 2 de marzo de 2019.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:
i. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno al asesinato del Sr. Roberto Antonio Argueta Tejada, con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, para aplicarles las sanciones penales previstas por la ley;
ii. Tomar las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica de todas las personas defensoras del derecho al agua en los sectores de Guapinol y San Pedro en Tocoa, departamento de Colón, para prevenir que pudieran ser víctimas de ataques similares.
iii. Poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento – incluso a nivel judicial- en contra de los pobladores de Guapinol y San Pedro, otorgarles la libertad inmediata e incondicional y respetar en todas circunstancias su derecho a un debido proceso;
iv. Poner fin a la utilización de figuras delictivas como la asociación ilícita para controlar, neutralizar y castigar a las personas que ejercen el derecho a la resistencia en defensa de la tierra y el territorio;
v. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la legalidad de las concesiones mineras que originaron el conflicto, los daños ambientales y las acciones de las guardias de seguridad de la empresa, policías y miembros de las fuerzas armadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
vi. Abordar las causas de fondo del conflicto socioambiental revisando la concesión de territorios protegidos a la empresa extractiva minera Los Pinares al encontrarse en el núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos;
vii. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos;
Direcciones:
• Sr. Juan Orlando Hernández, Presidente de la República. E-mail: diseloalpresidente@presidencia.gob.hn, info@presidencia.gob.hn
• Héctor Leonel Ayala, Secretario de Estado de los Despachos de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización. E-mail: observatorio@sdhjgd.gob.hn
• Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República. E-mail: suazog@mp.hn;
• Sra. Nora Urbina, Directora General del Sistema de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. E-mail: proteccion.ddhh.hn@gmail.com
• Sr. Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. E-mail: consultorinternacionalhn1@gmail.com; central@conadeh.hn
• Sr. Jorge Alberto Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. E-mail: cedij@poderjudicial.gob.hn; justiciaenaccion@poderjudicial.gob.hn
• Sr. Embajador Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: mission@hondurasginebra.ch
• Sr. Embajador Roberto Ochoa Madrid, Embajada de Honduras en Bruselas. E-mail: ambassade.honduras@chello.be
• Sr. Embajador Leónidas Rosa Bautista, Embajada de Honduras en OEA. E-mail: honduras@oas.org
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Ginebra-París, 29 de agosto de 2019
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
• E-mail: Appeals@fidh-omct.org
• Tel. y fax: OMCT: + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
• Tel. y fax: FIDH: + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80
[1]Las personas defensoras del derecho al agua en los sectores de Guapinol y San Pedro en Tocoa, departamento de Colón, en la zona del Parque Nacional Montaña de Botaderos se han movilizado por los impactos negativos que han generado dos concesiones mineras de la empresa Emco Mining Company S.A. de C.V. en la zona, se ha presentado una inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo 252-2013 por haber ampliado la zona de amortiguamiento para favorecer la explotación minera y reducir la zona núcleo del área protegida; así también, se presentó una denuncia en contra de funcionarios por abuso de autoridad y omisión de los deberes que debían cumplir los funcionarios.
[2] La Sra. Lourdes Elizabeth Gómez Rodas y los Sres. Marco Tulio Ramos, Reynaldo Domínguez Ramos, Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel Villeda, Juventino Cruz Hernández, Ally Magdaleno Domínguez Ramos, Juan Manuel Cruz Hernández, Juan Francisco Cruz García, José Santos Hernández, Carlos Leonel George George y José Adalid Cedillo Mendoza.