Ante la solicitud de sus familiares, las organizaciones de derechos humanos firmantes recordamos que, de acuerdo con el Art. 174 del Código Procesal Penal, las partes pueden solicitar una audiencia de reforma o revisión de medidas cuando sea necesario y exigimos que la jueza Vallecillo convoque a la audiencia solicitada por las familias de los defensores privados de libertad y garantice su liberación inmediata.
Recordamos que en agosto de 2019, los defensores se presentaron de forma voluntaria al Juzgado de Jurisdicción Nacional para aclarar su situación jurídica después de que supieron de un requerimiento fiscal en su contra relacionado a hechos supuestamente ocurridos el 7 de septiembre de 2018. Desde el 1ro de agosto de 2018 se organizó el Campamento por el Agua y la Vida como legítima respuesta a la imposición de una empresa minera que había empezado a trabajar sin el consentimiento de la población local en el parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalares, provocando la contaminación del agua potable de 14 comunidades que dependen de los ríos San Pedro y Guapinol.
El 1ro de septiembre de 2019, la jueza Lisseth Vallecillo dictó auto formal de procesamiento a los defensores sin motivar su fallo y les envió a prisión preventiva por dos delitos que no requieren la aplicación de esta medida cautelar. Aunque ordenó el traslado de los defensores al Centro Penal de Olanchito, el Instituto Nacional Penitenciario se ha negado a acatar la orden judicial y los defensores se mantienen en la cárcel de máxima seguridad La Tolva.
Es importante mencionar que la detención de los defensores se dio de forma arbitraria, ya que tanto las órdenes de captura como las audiencias las han llevado a cabo jueces de jurisdicción nacional quienes no están facultados para resolver en los delitos imputados. En los días posteriores a la audiencia inicial, los apoderados legales de los defensores presentaron dos escritos de Habeas Corpus, lo cual según el Artículo 182 de la Constitución de Honduras es un recurso jurídico para beneficio de personas ilegalmente presas, ante la cual, los órganos jurisdiccionales tienen “la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar la violación a la libertad.” Los dos Hábeas Corpus se encuentran ante la Sala de lo Constitucional aún pendientes de resoluciones firme. El 28 de octubre, el equipo legal presentó un nuevo recurso de Hábeas Corpus después de conocer que existía una resolución de una jueza de ejecución de trasladar los defensores a Olanchito, orden que no ha sido acatada.
Pobladores de la zona, así como defensores de derechos humanos con presencia en la región, denuncian que el 7 de septiembre de 2018 agentes de seguridad de la mina Los Pinares junto a pistoleros no uniformados llegaron al Campamento con el objetivo de realizar un desalojo sin orden judicial. Ante el gran número de pobladores que se presentaron pacíficamente en el Campamento, los agentes armados de la mina abandonaron el lugar en sus vehículos, momento en la cual dispararon en contra de la multitud. Un joven poblador recibió un disparo en la espalda, hecho por lo cual nadie ha sido procesado. Al contrario, el Ministerio Público solicitó órdenes de captura en contra miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.
Sumado a esta situación de criminalización e impunidad, las organizaciones firmantes alertamos y denunciamos que, debido a actos de violencia y asesinatos en las cárceles de máxima seguridad La Tolva y El Pozo, cometidos en los últimos días, los defensores enfrentan una situación de riesgo al estar privados de libertad donde el Estado no da garantía por sus vidas.
Las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente a revisar las medidas de los siete defensores y asegurar que pueden enfrentar su proceso legal en libertad. Asimismo, requerimos que las autoridades judiciales hondureñas reconozcan la inocencia de los compañeros detenidos y cesen de inmediato la criminalización en contra de quienes defienden el agua en la comunidad de Guapinol y sector San Pedro.