El 22 de julio de 2016, sobre las 10 de la noche, los jueces quienes presidiaron el Tribunal de Mayor Riesgo A en la ciudad de Guatemala desde la apertura del juicio el 6 de julio pasado, rindieron su decisión, ordenando inmediata libertad para los siete defensores y líderes comunitarios del norte de Huehuetenango, después de más de un año de prisión preventiva, dando un paso significativo en contra de la criminalización de las personas defensoras en Guatemala.
Mientras que cinco de los defensores procesados, Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo Juan, Domingo Baltazar y Mynor López, fueron absueltos de todos los delitos, los jueces por mayoría [1] declararon culpables a Ermitaño López del delito de “obstrucción a la acción penal” (la ejecución de la pena de 3 años de prisión conmutables a razón de 25 quetzales por cada día fue suspendida por dos años y como la prisión preventiva duró más de un año, fue dispuesta su liberación inmediata) y a Rigoberto Juárez de “coacción” (la pena minima de seis meses en la cárcel conmutables a razón de 25 quetzales diarios ya fue purgada y luego de casi dos años de privación de libertad, también fue ordenada su libertad).
Los defensores estaban acusados, entre otros cargos, de detenciones ilegales, coacción, amenazas, instigación a delinquir y obstrucción a la acción penal, todos delitos supuestamente cometidos durante tres manifestaciones en contra de los proyectos hidroélectricos de la Empresa Hidro Santa Cruz. Además, inicialmente todos fueron acusados de secuestro, crimen que, aunque luego fue retirado, implicaba la prisión preventiva, lo que les mantuvo en la cárcel durante más de un año.
“La liberación de todos los defensores comunitarios procesados es una excelente noticia, así como lo es el reconocimiento de la total inocencia de cinco de ellos. Sin embargo, una vez más, como en el caso de la liberación de Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Antonio Rogelio Velásquez López en enero de 2016 [2], esto resalta el patrón de criminalización contra defensores, defensoras y líderes comunitarios que tiene el claro objetivo de deslegitimar y obstaculizar la protesta social en Guatemala tras el uso indebido del derecho penal y de la prisión preventiva [3]”, ha declarado Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.
El Observatorio ha estado presente durante todo el juicio oral y debate público, a través de su misión de observación judicial [4] y ha constatado que las autoridades judiciales mostraron su compromiso a lo largo de todo el juicio para que se respetara el derecho al debido proceso, y a un juicio imparcial e independiente, así como asegurar que se garantizaran los derechos humanos de los siete defensores, como por ejemplo, al reclamar condiciones dignas del traslado de los detenidos y de su permanencia durante todo el juicio.
Además, el Ministerio Publico, durante el juicio, pareció dedicarse a retardar el proceso con el fin de mantener a los defensores en detención, tras la presentación de un gran número de testigos el último día del juicio, a pesar de la falta de evidencias presentadas los días anteriores en contra de los defensores procesados y de las claras contradicciones entre los testimonios proporcionados.
Al contrario, los abogados de la defensa, a través de las pruebas y de los testigos que proporcionaron, demostraron la deliberada intención y voluntad de la autoridades guatemaltecas de desprestigiar la función que desempeñan estos defensores de derechos humanos autoridades ancestrales y de criminalizarlas injustamente, pese a que ejercen un papel fundamental de mediación y moderación en situación de conflictos en las comunidades.
El Observatorio quisiera recordar que los defensores del derecho a la tierra y los líderes comunitarios trabajan en condiciones de extrema vulnerabilidad en Guatemala, ante la situación de violencia que enfrentan al denunciar los impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente vinculados con las actividades de las empresas hidroeléctricas y extractoras [5].
“Defender los derechos humanos, y concretamente el derecho a la tierra se ha convertido en una actividad de alto riesgo en Guatemala. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades guatemaltecas para que pongan fin a todo tipo de hostigamiento, también a nivel judicial, en contra de los defensores de derechos humanos en el país”, ha añadido Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión European para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.