La actividad de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala sigue siendo una actividad de alto riesgo en Guatemala. Según cifras de UDEFEGUA la violencia y el nivel de agresiones en su contra, si bien menor en cantidad tras pasar de 810 en 2014 a 493 en 2015, ha visto aumentar el nivel de su impacto y su virulencia: 13 defensores asesinados, 8 intentos de asesinato, 92 casos de tortura y malos tratos, y 159 hechos considerados como actos de criminalización en su contra.
Los defensores del derecho a la tierra siguen siendo el grupo más afectado con un total de 287 agresiones durante 2015. En este sentido, preocupa particularmente el uso indebido del derecho penal en contra de defensores y que hasta siete de ellos se encuentren injustamente encarcelados a la espera de juicio: Francisco Juan Pedro («Chico Palas»), Adalberto Villatoro («Don Tello»), Arturo Pablo Juan, Mynor López y Ermitaño López («Don Taño»), líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, y Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, de Santa Eulalia, Huehuetenango. El 21 de abril de 2016, más de un año después de su encarcelamiento preventivo, el Observatorio y UDEFEGUA observaron una audiencia del proceso contra los tres primeros y pudieron constatar la lentitud del proceso puesto que, por sucesivos aplazamientos, seguía en fase de ofrecimiento de pruebas, en una dinámica que ya se vió en el caso de Saúl Méndez y Rogelio Velázquez [1].
« Hacemos un llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de los siete defensores injustamente encarcelados y denunciamos la existencia de un patrón que parece apuntar a un retardo malicioso de los procesos en su contra con el fin de mantenerlos en detención. Por su papel como defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, y por el efecto que su criminalización produce en la sociedad civil en su conjunto, exigimos que se establezca por ley una presunción de inocencia reforzada, con el fin de prevenir todo tipo de detención y de juicio abusivo en su contra », declaró Miguel Martín Zumalacárregui, Director de la Oficina en Bruselas de la OMCT.
La rapidez con la que se abren procesos contra los defensores contrasta con la lentitud que muestra la justicia guatemalteca cuando son los propios defensores los que toman acciones legales. El caso de la resistencia pacífica de La Puya, una comunidad que se ha visto duramente reprimida por sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos es buen ejemplo de ello. El 22 de febrero de 2016 la Corte Suprema de Justicia suspendió la licencia de explotación minera de la empresa EXMINGUA S.A. y no ha fue hasta el 9 de mayo de 2016, que se han producido los primeros arrestos por la explotación ilegal que se venía produciendo.
En este contexto, el Observatorio y UDEFEGUA hacen un llamamiento a las autoridades guatemaltecas para que desarrollen, antes de que finalicen los segundos cinco meses de presidencia de Jimmy Morales, una agenda para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.
« Esta agenda debe incluir reformas legislativas que deroguen las provisiones criminalizadoras de la protesta social y aquellas que permiten el uso indebido del derecho penal contra defensores. Además, esta agenda debe incluir la implementación de una política pública para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en ejecución de la sentencia de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Defensores de Derechos Humanos y Otros Vs. Guatemala », declaró Claudia Samayoa, Directora de UDEFEGUA.
El Observatorio y UDEFEGUAreciben positivamente el compromiso mostrado por la Comisión Presidencial Asesora en materia de Derechos Humanos del Ejecutivo (COPREDEH) y la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de promover la protección de los defensores de derechos humanos en el contexto del desarrollo de una política nacional de derechos humanos e instan a la comunidad internacional a seguir de cerca el proceso para asegurar que se incluyan y se implementen los más altos estándares internacionales en materia de protección a defensores de derechos humanos.
Contexto:
El Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos y UDEFEGUA realizaron una misión de incidencia a Guatemala a finales de abril de 2015, destinada a dar seguimiento a la realizada en febrero de 2015 como parte del lanzamiento del informe “Más pequeños que David: la lucha de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala”[2].
La misión del Observatorio y UDEFEGUA mantuvo entrevistas con autoridades de distintas instituciones públicas a las que agradece por su colaboración: la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, el Presidente de la COPREDEH y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República.
Asimismo, la misión también escuchó testimonios de representantes de organizaciones de la sociedad civil, visitó los campamentos de la resistencia pacífica de la Puya en San José del Golfo y ante el Ministerio de Energía y Minas en la Ciudad de Guatemala, y observó una audiencia en el Palacio de Justicia de Guatemala en el proceso contra Francisco Juan Pedro («Chico Palas»), Adalberto Villatoro («Don Tello») y Arturo Pablo Juan, defensores de derechos humanos injustamente criminalizados de la comunidad de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.
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[1] Ver comunicado conjuntodel Observatorio y UDEFEGUA de 27 de enero de 2016.
[2] Ver el Informe del Observatorio ‘ Más pequeños que David. La lucha de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala’, febrero de 2015.